Qué hacían los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de su desaparición
El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes y un profesor de la Escuela Normal Rural Raúl Ramírez González, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Pero antes de esa noche trágica, estos jóvenes tenían un objetivo claro y noble: conmemorar el 44 aniversario de la masacre de Tlatelolco, donde en octubre de 1970 fueron reprimidos brutalmente estudiantes que exigían justicia social.
Los estudiantes se habían organizado durante semanas para emprender un viaje en autobús desde Iguala hasta la Ciudad de México. Su plan era reunirse con otros colectivos estudiantiles, sindicales y de derechos humanos en la capital para participar en marchas, mítines y actos de recuerdo por la matanza de 1970. Era una tradición anual que los normalistas de Ayotzinapa mantenían desde hacía años.
La noche del 26 de septiembre, los jóvenes se encontraban en la ciudad de Iguala preparando la salida del autobús al día siguiente. Algunos habían salido a cenar y hacer compras. Fue entonces cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala, bajo órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, interceptaron a los estudiantes y los entregaron a miembros de la organización criminal "Los Halcones del Rojinegro", vinculada al cártel de Los Viagras y posteriormente a Guerreros Unidos.
Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos (CIEG) y la investigación del Grupo Interagencial con Expertos (GIEI), los 43 jóvenes fueron secuestrados, torturados y ejecutados en un predio conocido como San Juanita, en Iguala. Sus cuerpos fueron trasladados al basurero de Cerro de las Compresas, en Puente Grande, donde fueron incinerados con ácido y restos de gasolina para destruir la evidencia.
El contexto de la desaparición no fue un acto aislado. Esa misma noche, elementos policiales y civiles armados atacaron el transporte público en Iguala, quemando autobuses y provocando al menos 6 muertos y más de 100 heridos. El objetivo, según diversas investigaciones periodísticas y oficiales, era generar caos para desviar la atención y facilitar la desaparición de los estudiantes.
Los 43 normalistas no eran un grupo político ideológicamente radicalizado. Eran jóvenes de entre 18 y 24 años, en su mayoría de comunidades rurales de Guerrero, que se preparaban para ser maestros en zonas marginadas del estado. Su movimiento estudiantil estaba ligado a las tradiciones de la Red de Escuelas Normales Rurales, que históricamente han defendido los derechos laborales de los docentes y las causas populares.
La investigación oficial del gobierno mexicano, encabezada en su momento por la PGR, presentó una versión inicial en noviembre de 2014 que fue ampliamente cuestionada por la comunidad internacional, familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. El GIEI, integrado por especialistas de Argentina, Bélgica, Francia y España, concluyó en 2015 que la versión oficial era "no creíble" en varios puntos fundamentales.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en el caso de derechos humanos más grave en la historia moderna de México y en un símbolo de la impunidad, la corrupción policial y la colusión entre poder político y criminal organizado. Hasta la fecha, las familias exigen justicia, la localización de los restos y la identificación de todos los responsables, desde los sicarios hasta los funcionarios que ordenaron o permitieron la desaparición.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. Diversos informes periodísticos, como los del diario La Jornada, Proceso y Milenio, así como investigaciones de organizaciones como CEDHSG (Colectivo de Familiares de Desaparecidos) y Artículo 19, han documentado las deficiencias de la investigación y la presión política para encubrir a los responsables de alto nivel.
El GIEI (2015) determinó que la versión oficial inicial era 'no creíble'. La Corte IDH condenó a México en 2021 por desaparición forzada.
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