El confinamiento de España por la COVID-19: 100 días de estado de alarma que paralizaron un país
El 14 de marzo de 2020 a las 21:00 horas, Pedro Sánchez compareció en televisión para anunciar una medida sin precedentes en la historia democrática española: el confinamiento domiciliario de toda la población. Doce horas después, el domingo 15 a las 00:00, el Real Decreto 463/2020 entraba en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. España se convertía, de la noche a la mañana, en un país con las puertas cerradas.
El marco jurídico de esta decisión descansaba en el artículo 116.2 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, que habilita al Gobierno a declarar el estado de alarma ante crisis sanitarias con alteraciones graves de la normalidad. El preámbulo del decreto no dejaba lugar a dudas: la OMS había elevado el 11 de marzo la emergencia del COVID-19 a pandemia internacional, y las circunstancias extraordinarias constituían «una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud». El texto recalcaba que las medidas eran proporcionadas a la gravedad y no implicaban suspensión de derechos fundamentales, conforme al artículo 55 constitucional.
La autoridad competente fue el propio Gobierno, bajo dirección del Presidente, con delegaciones expresas en los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. Este último conservó la competencia residual. Se activó el Comité de Situación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional como órgano de apoyo, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales quedaron bajo órdenes directas del Ministerio del Interior, con posibilidad de requerir a las Fuerzas Armadas.
El eje central del confinamiento fue la limitación de la libertad de circulación. Solo se permitía desplazarse para: comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad; acudir a centros sanitarios; ir al trabajo en actividades autorizadas; asistir y cuidar a mayores, menores o personas dependientes; desplazarse a entidades financieras; atender causas de fuerza mayor; y actividades análogas, siempre de forma individual. Los vehículos particulares podían circular para esas funciones o repostar, y el ministro del Interior podía cerrar tramos de carretera por salud pública.
La educación presencial quedó suspendida en todos los niveles, incluida la universidad, manteniéndose la docencia a distancia «en la medida de lo posible». El comercio minorista cerró salvo alimentación, farmacias, ópticas, prensa, estancos, tecnología, mascotas, tintorerías y lavandería. Las peluquerías, inicialmente exentas, fueron clausuradas por orden gubernamental el 15 de marzo tras la presión de la oposición. En los locales abiertos se exigía distancia de un metro y se prohibía consumir in situ.
Museos, bibliotecas, cines, gimnasios, espectáculos y hostelería cerraron. Los restaurantes solo entregaban a domicilio. Se vetaron verbenas, desfiles y fiestas populares, y la asistencia a cultos se condicionó a garantizar la distancia interpersonal. El transporte público redujo su oferta a la mitad durante los primeros quince días.
El decreto contemplaba además medidas de calado constitucional extraordinario: requisas temporales de bienes necesarios, imposición de prestaciones personales obligatorias, y la puesta bajo mando del ministro de Sanidad de todas las autoridades civiles sanitarias del territorio, incluidos medios militares, públicos y privados. Las autonomías mantuvieron la gestión ordinaria de sus servicios dentro de su ámbito.
Antes del confinamiento general, la respuesta se había construido de forma escalonada. El 7 de marzo, Sanidad propuso cuarentena en Haro y Casalarreina (La Rioja). El 9, el Gobierno Vasco canceló clases presenciales en Vitoria y Madrid aprobó restricciones para el periodo del 11 al 26 de marzo. El 10 se prohibieron los vuelos desde Italia. El 12, Aragón, Asturias, Cataluña y Murcia cerraron centros educativos. El 11, día de la declaración pandémica de la OMS, Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida pasaron a «contención reforzada», se suspendieron cirugías programadas, se prohibieron vuelos italianos, se cancelaron viajes del Imserso y los eventos deportivos se celebraron a puerta cerrada. Fernando Simón situaba el control de la epidemia entre 1,5 y 2 meses en el mejor escenario, 3 o 4 en el peor.
El anuncio del estado de alarma coincidió con un salto alarmante: el 14 de marzo los casos pasaron de 3.146 a 5.232, un 66% más. España acumulaba más de 4.200 positivos y 120 fallecidos, con Madrid concentrando más de la mitad. Horas antes, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó 14.000 millones en medidas urgentes, incluida la moratoria de 30.000 euros en impuestos para empresas y autónomos. La Ley 50/1997 se modificó para permitir sesiones del Consejo por videoconferencia, tras los positivos de Irene Montero y Carolina Darias; Pablo Iglesias entró en cuarentena y los Reyes suspendieron agenda oficial.
El primer estado de alarma duró 100 días, con seis prórrogas sucesivas autorizadas por el Congreso: 26 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo (con el PP abstenido y el voto en contra de Vox, ERC, JxCat y CUP, forzando pactos con Ciudadanos y PNV), 20 de mayo y 3 de junio. La sexta prórroga, hasta el 21 de junio, marcó el fin del régimen excepcional y la transición a la «nueva normalidad», devolviendo competencias a gobiernos autonómicos.
“28.315 fallecidos por COVID-19 en España al 19 de junio de 2020, cierre del primer estado de alarma”
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