Qué hicieron los liberales una vez que estuvieron en el gobierno
La muerte de Fernando VII en 1833 no fue solo un cambio dinástico. Fue la señal de salida para unos liberales que llevaban años conspirando en el exilio, en mazmorras o en tertulias clandestinas. Figuras como José María Torrijos, Francisco Espoz y Mina o el casi olvidado Agustín Marco-Artú, ingeniero que presidió una Junta revolucionaria secreta en Madrid, habían tejido redes simultáneas en Bilbao, Cartagena, Albacete, Zaragoza, Valencia, Galicia y Cádiz. El librero Antonio Miyar pagó con la horca, en 1831, el simple hecho de llevar unos libros a casa de Marco-Artú. La represión realista era brutal, y los liberales lo sabían.
Cuando por fin accedieron al poder, la primera medida no fue una gran reforma ideológica: fue supervivencia. La regente María Cristina confirmó a Cea Bermúdez, proclamó amnistía para los perseguidos, otorgó libertad de prensa limitada y restableció la Milicia Nacional. Todo ello con un objetivo muy concreto: ganar apoyos liberales frente a la insurrección carlista. Y entre esas medidas administrativas tempranas destaca la división territorial en provincias de 1833, diseñada por Javier de Burgos, un mapa que literalmente aún hoy estructura el Estado español.
El Estatuto Real de 1834, promulgado por Martínez de la Rosa, fue un primer intento tibio: Cortes bicamerales sin capacidad legislativa, carta otorgada, derechos individuales inexistentes. El malestar progresista, alimentado por los ataques carlistas, los motines de 1835, las quemas de conventos y las Juntas que exigían la Constitución de 1812, forzó a la regente a llamar a Juan Álvarez Mendizábal.
Mendizábal tenía una tesis clara: la única forma de ganar la guerra carlista era profundizar en las reformas liberales. Impulsó la Ley de Desamortización Eclesiástica (1835-1837) y reformó el ejército. Casi todas las órdenes religiosas con conventos pequeños fueron disueltas, sus tierras pasaron al Estado y se subastaron en grandes lotes.
El gobierno de Calatrava, con Mendizábal como ministro de Hacienda tras el Motín de La Granja de San Ildefonso, completó el desmantelamiento del Antiguo Régimen en el campo. Un vistazo a lo que se abolió entre 1835 y 1837:
| Medida | Qué se eliminó o cambió |
|---|---|
| Señoríos jurisdiccionales | Abolición definitiva del poder señorial sobre la justicia local |
| Mayorazgos | Fin de la inalienabilidad de la tierra nobiliaria |
| Diezmo eclesiástico | Supresión del tributo obligatorio al clero |
| Gremios y Mesta | Libertad de industria, comercio y contratación |
| Aduanas interiores | Creación de un mercado nacional unificado |
| Desamortización del clero regular (1836) y secular (1837) | Tierras eclesiásticas subastadas a particulares |
El marco jurídico fue la Constitución de 1837, consensuada entre moderados y progresistas. La Corona renunciaba definitivamente al absolutismo. Se reconocía soberanía nacional, división de poderes, libertad de expresión, de prensa, derecho a la propiedad e igualdad jurídica. Pero seguía habiendo sufragio muy restringido: apenas el 2,2 % de la población podía votar. La Corona conservaba amplias facultades para convocar, disolver el Parlamento y vetar leyes.
Los objetivos de la desamortización eran triples, y conviene tenerlos claros. Primero: financiar la Primera Guerra Carlista. Segundo: debilitar económicamente a un clero que apoyaba al carlismo. Tercero: crear una base social de nuevos propietarios burgueses afines al régimen liberal. En apariencia, una jugada maestra. En la práctica, como veremos, el resultado fue mucho más ambiguo.
“Solo el 2,2 % de la población podía votar con la Constitución de 1837; con la de 1845, apenas el 1 %”
Dato clave