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covid 19 madrid, Personal sanitario con equipos de protección trabajando en el hospital habilitado en el recinto de IFEMA, Madrid
historia ·#4770 ·Lectura 8 min. · Redactor: Cati Ariza

🦠 COVID-19 en Madrid: la pandemia que lo cambió todo

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El primer caso de COVID-19 en España se confirmó en Madrid el 25 de febrero de 2020: un joven de 24 años procedente de Italia.

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La pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid: crónica de una crisis sin precedentes

Todo empezó el 25 de febrero de 2020. Un joven de 24 años que había viajado a Italia fue diagnosticado como el primer caso confirmado de COVID-19 en toda España. Madrid se convertía, casi sin darse cuenta, en el epicentro de una epidemia que terminaría golpeando a la región con una dureza pocas veces vista en Europa. La infraestructura sanitaria madrileña, con 540 plazas UCI y unas 14.000 camas hospitalarias, se reveló claramente insuficiente ante la velocidad de contagio que se desató en las semanas siguientes.


El 9 de marzo el Gobierno regional aprobó las primeras medidas extraordinarias: el día 11 se cancelaron las clases presenciales en todos los niveles educativos durante quince días, apostando por las lecciones online. El 13 de marzo se decretó el cierre de bares, restaurantes y comercios no alimentarios, dejando abiertos solo supermercados y farmacias. Al día siguiente, el 14 de marzo, se declaró el estado de alarma en todo el país por quince días, al amparo del artículo 116.2 de la Constitución.


La saturación hospitalaria obligó a improvisar soluciones a toda prisa. Se medicalizaron hoteles para acoger a pacientes leves y, en apenas 48 horas, el Gobierno regional, el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias levantaron el Hospital de IFEMA: 35.000 m², 5.500 camas entre hospitalización y UCI, que atendió a unas 4.000 personas antes de cerrar el 1 de mayo.


En paralelo, la administración fletó 24 aviones desde China con más de 2.000 toneladas de material sanitario, tras aprobar un gasto de urgencia de 23,3 millones de euros el 23 de marzo. El 12 de marzo se contrató a Antonio Burgueño como asesor, un ex director general de Hospitales que había tenido que dejar su cargo tras bloquear la Justicia un intento de privatización del sistema sanitario.


Pero la sombra más oscura de aquella primavera madrileña cayó sobre las residencias de ancianos. Entre mediados de marzo y mediados de abril, la administración aplicó un proceso de triaje que, en su primera versión, negaba el traslado a hospitales públicos de personas mayores en condiciones extremas desde residencias. La Consejería de Sanidad corrigió la directriz, que no llegó a aplicarse, para contemplar evaluación clínica con un criterio de fragilidad igual o mayor de siete. El triaje no se impuso a clínicas y hospitales privados, lo que permitía derivar allí a enfermos con seguro privado, pese a que el consejero Enrique Ruiz Escudero había asumido el mando de la sanidad privada el 12 de marzo.


El 19 de marzo, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pidió la intervención de la UME en las residencias y fue desautorizado de inmediato por Isabel Díaz Ayuso. Siete días después fue apartado, y la gestión de la crisis se encomendó a Encarnación Burgueño, propietaria de Cardio Líder, mediante la llamada «Operación Bicho», orientada a atender a unos 50.000 ancianos internados. Doce días después, el 6 de abril, la operación fue abortada. Durante ese periodo murieron más de 3.000 ancianos.


El 31 de marzo se intervinieron ocho residencias privadas desbordadas, entre ellas la de Monte Hermoso, donde se hizo pública la muerte de 19 mayores. Del 8 de marzo al 14 de abril murieron casi 5.000 personas mayores en residencias madrileñas: 781 casos confirmados y 4.172 con síntomas compatibles. La Asamblea de Madrid permaneció cerrada más de un mes, hasta el 14 de abril, fecha a partir de la cual la coalición PP-Ciudadanos mostró discrepancias internas en el manejo de las residencias.


El 7 de mayo de 2020 dimitió la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en protesta por la flexibilización de las restricciones de confinamiento, siendo sustituida por Elena Andradas. El 1 de junio, Reyero declaró haber pedido hasta tres veces el traslado de mayores a hospitales sin éxito, mientras Sanidad respondía que el Summa 112 había trasladado a más de 9.600 residentes, medicalizado 232 residencias y facilitado 2.960 concentradores de oxigenoterapia.


La oposición calificó los protocolos de triaje como «protocolos de la muerte», generando fuertes críticas por la falta de asistencia paliativa a los fallecidos. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defendió en junio de 2020 que el sentido de esos protocolos había sido «malinterpretado» y «tergiversado», señalando unas 10.300 derivaciones realizadas y achacando los rechazos a la saturación hospitalaria y a pronósticos vitales desfavorables. Diez sociedades médicas emitieron un comunicado conjunto respaldando los criterios clínicos y éticos utilizados.


En el plano epidemiológico, la Comunidad de Madrid publicó un informe específico a través de su Instituto de Estadística sobre el impacto del COVID-19 en los indicadores demográficos y la estructura por edades de la región, elaborado con datos individuales anonimizados desde 2020 hasta mayo de 2022. El portal de transparencia autonómico publica series de casos confirmados, infección activa y tasas de incidencia acumulada (TIA) por municipios, distritos y zonas básicas de salud, con actualización semanal. El Ayuntamiento de Madrid completó el panorama con un estudio georreferenciado predictivo sobre las consecuencias socioeconómicas de la crisis.

“Casi 5.000 personas mayores murieron en residencias madrileñas entre el 8 de marzo y el 14 de abril de 2020 (781 confirmados + 4.172 compatibles).”

Dato clave
covid 19 madrid, Vista exterior del recinto ferial de Madrid (IFEMA, Campo de las Naciones), sede del hospital de emergencia
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Vista exterior del recinto ferial de Madrid (IFEMA, Campo de las Naciones), sede del hospital de emergencia

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Del primer caso al hospital Zendal: un año y medio de decisiones, saturación y polémica

La segunda mitad de 2020 trajo una nueva oleada de restricciones y polémicas políticas. En septiembre, al aumentar los casos, el Gobierno autonómico aplicó restricciones de circulación en diversas zonas del sur, medidas que provocaron manifestaciones vecinales y políticas pidiendo la dimisión de la presidenta. El 26 de septiembre dimitió Emilio Bouza, portavoz del grupo COVID-19, apenas dos días después de su nombramiento. El 1 de octubre el Ministerio de Sanidad impuso restricciones en las diez ciudades más pobladas, y el 8 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó su ratificación judicial por considerarlas una injerencia en derechos fundamentales sin habilitación legal. Al día siguiente, el Gobierno de España aprobó el estado de alarma para la Comunidad.


El 20 de octubre de 2020 dimitieron la gerente de atención primaria, Marta Sánchez-Celaya, y la gerente de hospitales, Bárbara Fernández. El 1 de diciembre de 2020, Ayuso inauguró el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, construido en tiempo récord de cuatro meses, que adquirió relevancia decisiva en la tercera ola de finales de enero de 2021, convirtiéndose en el hospital con más pacientes COVID-19 de España.


El año 2021 se constituyó como el segundo año de la pandemia en la Comunidad, según recoge la Memoria de Actividades del Ejecutivo regional, un dato que da cuenta de la duración y persistencia extraordinaria de la crisis sanitaria en el territorio madrileño. En cuanto a la vacunación, la campaña se organizó siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con sucesivas adaptaciones a la situación epidemiológica. En el municipio de Madrid se documentó la vacunación con la vacuna de Janssen (vector adenovírico 26, de Johnson & Johnson) dirigida a mayores de 18 años sin pauta vacunal previa. La campaña conjunta frente a gripe y COVID-19 con vacunas adaptadas a las variantes circulantes en la temporada 2024/25 se inició el 7 de octubre de 2024.


En el plano judicial, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, explicó el 21 de diciembre de 2021 que el protocolo enviado a las residencias era «una recomendación» que «no prohibía» derivar ancianos a hospitales, y que en la práctica se derivó a muchos residentes, incluidos los de mayor edad o con discapacidad. El 15 de marzo de 2024, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias publicó un informe que concluía que se podrían haber salvado las vidas de 4.000 ancianos durante lo peor de la pandemia, conclusiones recogidas por The Guardian.


El Tribunal Supremo archivó una denuncia penal contra la presidenta Díaz Ayuso por falta de datos fiables. El 30 de mayo de 2025 fueron imputados tres ex altos cargos del Gobierno madrileño, entre ellos Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. En ese proceso, el presidente de HM Hospitales declaró que no se derivaron ancianos desde residencias a sus hospitales privados en marzo de 2020 salvo que tuvieran seguro privado. A 30 de septiembre de 2026 los tribunales y la Fiscalía habían archivado un total de 179 denuncias y causas judiciales relacionadas con la gestión de las residencias durante la pandemia.


A nivel estatal, el Instituto de Salud Carlos III puso a disposición el Atlas de COVID-19, una herramienta de acceso público con datos y análisis detallados sobre la evolución de la pandemia a nivel municipal, advirtiendo de la cautela necesaria al interpretar cifras por las limitaciones de las notificaciones y los sesgos en poblaciones pequeñas. El INE centralizó información estadística de salud y mortalidad para el análisis del impacto de la crisis. Todo este corpus de datos, abierto y accesible, permite reconstruir con rigor epidemiológico lo vivido en Madrid durante aquellos años.


La Comunidad de Madrid vivió, entre 2020 y 2022, una de las crisis sanitarias más complejas de su historia reciente. La velocidad de propagación del SARS-CoV-2 superó cualquier planificación previa, la infraestructura hospitalaria se quedó corta en horas, y las decisiones sobre residencias dejaron una herida social y judicial que sigue abierto a día de hoy. Los datos demográficos publicados por el Instituto de Estadística, con ediciones sucesivas en 2021 y 2022, permiten examinar los efectos sobre la estructura por edades de la región. La transparencia en las cifras, la vacunación adaptada a variantes y la investigación judicial posterior constituyen, todos ellos, piezas de un rompecabezas que Madrid aún está armando.

Conclusión:

¿covid 19 madrid?

Tiene varias respuestas validas cuando intentas abarcar todo lo que supuso el COVID-19 en Madrid, porque fue mucho más que una crisis sanitaria. Yo lo veo como un periodo donde la velocidad del virus desbordó cualquier previsión administrativa, donde las residencias se convirtieron en el símbolo más doloroso de aquella primavera y donde cada dimisión, cada protocolo y cada avión de material sanitario cuenta una pieza distinta de una historia que todavía se está escribiendo en los juzgados y en los datos abiertos. Tienes que pensar en varias opciones validas para entenderlo, porque la cronología política, la epidemiológica y la social se entrelazan sin separarse del todo.

Fuentes: 1º 1º es.wikipedia.org, 2º 2º madrid.org, 3º 3º comunidad.madrid, 4º 4º datos.comunidad.madrid, 5º 5º isciii.es
IMAGEN1-AUTOR:Diario de Madrid|Licencia:CC BY 4.0|https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
IMAGEN2-AUTOR:Luis García (Zaqarbal)|Licencia:CC BY-SA 3.0|https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Redacción: Cati Ariza · Actualizado en: 28/10/2026
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