La pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid: crónica de una crisis sin precedentes
Todo empezó el 25 de febrero de 2020. Un joven de 24 años que había viajado a Italia fue diagnosticado como el primer caso confirmado de COVID-19 en toda España. Madrid se convertía, casi sin darse cuenta, en el epicentro de una epidemia que terminaría golpeando a la región con una dureza pocas veces vista en Europa. La infraestructura sanitaria madrileña, con 540 plazas UCI y unas 14.000 camas hospitalarias, se reveló claramente insuficiente ante la velocidad de contagio que se desató en las semanas siguientes.
El 9 de marzo el Gobierno regional aprobó las primeras medidas extraordinarias: el día 11 se cancelaron las clases presenciales en todos los niveles educativos durante quince días, apostando por las lecciones online. El 13 de marzo se decretó el cierre de bares, restaurantes y comercios no alimentarios, dejando abiertos solo supermercados y farmacias. Al día siguiente, el 14 de marzo, se declaró el estado de alarma en todo el país por quince días, al amparo del artículo 116.2 de la Constitución.
La saturación hospitalaria obligó a improvisar soluciones a toda prisa. Se medicalizaron hoteles para acoger a pacientes leves y, en apenas 48 horas, el Gobierno regional, el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias levantaron el Hospital de IFEMA: 35.000 m², 5.500 camas entre hospitalización y UCI, que atendió a unas 4.000 personas antes de cerrar el 1 de mayo.
En paralelo, la administración fletó 24 aviones desde China con más de 2.000 toneladas de material sanitario, tras aprobar un gasto de urgencia de 23,3 millones de euros el 23 de marzo. El 12 de marzo se contrató a Antonio Burgueño como asesor, un ex director general de Hospitales que había tenido que dejar su cargo tras bloquear la Justicia un intento de privatización del sistema sanitario.
Pero la sombra más oscura de aquella primavera madrileña cayó sobre las residencias de ancianos. Entre mediados de marzo y mediados de abril, la administración aplicó un proceso de triaje que, en su primera versión, negaba el traslado a hospitales públicos de personas mayores en condiciones extremas desde residencias. La Consejería de Sanidad corrigió la directriz, que no llegó a aplicarse, para contemplar evaluación clínica con un criterio de fragilidad igual o mayor de siete. El triaje no se impuso a clínicas y hospitales privados, lo que permitía derivar allí a enfermos con seguro privado, pese a que el consejero Enrique Ruiz Escudero había asumido el mando de la sanidad privada el 12 de marzo.
El 19 de marzo, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pidió la intervención de la UME en las residencias y fue desautorizado de inmediato por Isabel Díaz Ayuso. Siete días después fue apartado, y la gestión de la crisis se encomendó a Encarnación Burgueño, propietaria de Cardio Líder, mediante la llamada «Operación Bicho», orientada a atender a unos 50.000 ancianos internados. Doce días después, el 6 de abril, la operación fue abortada. Durante ese periodo murieron más de 3.000 ancianos.
El 31 de marzo se intervinieron ocho residencias privadas desbordadas, entre ellas la de Monte Hermoso, donde se hizo pública la muerte de 19 mayores. Del 8 de marzo al 14 de abril murieron casi 5.000 personas mayores en residencias madrileñas: 781 casos confirmados y 4.172 con síntomas compatibles. La Asamblea de Madrid permaneció cerrada más de un mes, hasta el 14 de abril, fecha a partir de la cual la coalición PP-Ciudadanos mostró discrepancias internas en el manejo de las residencias.
El 7 de mayo de 2020 dimitió la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en protesta por la flexibilización de las restricciones de confinamiento, siendo sustituida por Elena Andradas. El 1 de junio, Reyero declaró haber pedido hasta tres veces el traslado de mayores a hospitales sin éxito, mientras Sanidad respondía que el Summa 112 había trasladado a más de 9.600 residentes, medicalizado 232 residencias y facilitado 2.960 concentradores de oxigenoterapia.
La oposición calificó los protocolos de triaje como «protocolos de la muerte», generando fuertes críticas por la falta de asistencia paliativa a los fallecidos. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defendió en junio de 2020 que el sentido de esos protocolos había sido «malinterpretado» y «tergiversado», señalando unas 10.300 derivaciones realizadas y achacando los rechazos a la saturación hospitalaria y a pronósticos vitales desfavorables. Diez sociedades médicas emitieron un comunicado conjunto respaldando los criterios clínicos y éticos utilizados.
En el plano epidemiológico, la Comunidad de Madrid publicó un informe específico a través de su Instituto de Estadística sobre el impacto del COVID-19 en los indicadores demográficos y la estructura por edades de la región, elaborado con datos individuales anonimizados desde 2020 hasta mayo de 2022. El portal de transparencia autonómico publica series de casos confirmados, infección activa y tasas de incidencia acumulada (TIA) por municipios, distritos y zonas básicas de salud, con actualización semanal. El Ayuntamiento de Madrid completó el panorama con un estudio georreferenciado predictivo sobre las consecuencias socioeconómicas de la crisis.
“Casi 5.000 personas mayores murieron en residencias madrileñas entre el 8 de marzo y el 14 de abril de 2020 (781 confirmados + 4.172 compatibles).”
Dato clave