Qué ocurrió con YPF: de monopolio estatal a litigio internacional y vuelta a manos argentinas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A., más conocida como YPF, es la empresa energética más emblemática de Argentina. Nació el 3 de junio de 1922 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, con el coronel Enrique Mosconi como ideólogo y primer director. Fue la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo y la segunda estatal del planeta tras la Unión Soviética. Durante décadas ejerció el monopolio legal del petróleo, impulsando el crecimiento de localidades enteras ligadas a los yacimientos: Comodoro Rivadavia, Las Heras, Caleta Olivia, Plaza Huincul.
Ese modelo duró hasta los años noventa. En 1991-1992, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem y la gestión de José Estenssoro, la Ley Nº 24.145 del 24 de septiembre de 1992 declaró a YPF «sujeta a privatización». La empresa pasó de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima, se incorporó una cláusula de OPA para proteger a los accionistas minoritarios, y en 1993 quedó listada en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El Estado conservaba un 20% y la llamada acción de oro.
La privatización culminó en 1999. La española Repsol compró un 14,99% por unos 13.437 millones de euros y, tras una OPA valorada en unos 15.000 millones de dólares, se hizo con el 97,81% del capital. Nacía Repsol YPF, octava productora de petróleo y decimoquinta energética del mundo.
Pero bajo control español la producción se debilitó mientras la demanda crecía. La inversión en exploración cayó de 30 pozos nuevos en 1998 a solo ocho en 2010. Las reservas de crudo bajaron un 60% y las de gas un 67% entre 1999 y 2011. La empresa seguía siendo rentable, con ingresos netos de casi 16.500 millones de dólares en ese período, pero el gobierno argentino denunciaba la baja inversión y la alta distribución de dividendos. En 2011 Argentina registró su primer déficit comercial energético desde 1987.
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de renacionalización parcial, con Axel Kicillof como impulsor central. El argumento era claro: la empresa no invertía lo suficiente y obligaba al país a importar combustibles. El Senado aprobó la absorción el 26 de abril con 63 votos a favor; Diputados hizo lo propio el 4 de mayo con 208 votos de 257. La ley se firmó el 5 de mayo de 2012 y el Estado pasó a controlar el 51% del paquete accionario, con el 49% restante distribuido entre diez provincias productoras.
El Informe Mosconi, publicado el 1 de junio de 2012 por Kicillof y Julio De Vido, describió una desvalorización sistemática de la empresa y una política de desabastecimiento por parte de Repsol. La nacionalización incluía también a Repsol YPF Gas, nacionalizada el 19 de abril de ese mismo año.
Repsol reclamó 10.500 millones de dólares por su participación del 57%. Argentina, apoyada en una deuda cercana a los 9.000 millones de la compañía y un valor contable de unos 4.400 millones, rechazó esas cifras. La española demandó ante el CIADI del Banco Mundial el 15 de mayo de 2012 y el gobierno español impuso sanciones comerciales, en particular contra las compras de biodiésel argentino, boicot que se levantó en enero de 2013 tras la denuncia argentina ante la OMC. El 27 de noviembre de 2013 se alcanzó un acuerdo de compensación por 5.000 millones de dólares, aceptado por unanimidad por los accionistas de Repsol, que en mayo de 2014 vendió su 12% restante a Morgan Stanley.
Tras la estatización, YPF quedó bajo la dirección de Miguel Galuccio, ingeniero con experiencia en la propia YPF y en Schlumberger. En junio de 2012 presentó un plan de inversiones de 39.000 millones de dólares para multiplicar por diez la exploración petrolera y por veinte la de gas, financiado en parte con Chevron y bonos al 8,75%. Los pozos exploratorios pasaron de 21 a 31 y los de explotación de 363 a 478 entre junio de 2012 y mayo de 2013. La producción creció un 3% en 2013, un 8,7% en petróleo y un 12,5% en gas en 2014, y otro 3% en 2015. La inversión subió de 2.000 millones en 2011 a unos 6.000 millones estimados para 2015. Las acciones de YPF se dispararon un 190% entre los mínimos de mediados de 2012 y el acuerdo con Repsol.
El eje estratégico del nuevo YPF fue Vaca Muerta: un yacimiento de no convencionales de unos 30.000 km², con reservas estimadas por encima de los 27.000 millones de barriles, segunda reserva mundial de petróleo de esquisto y cuarta de gas de lutita. YPF opera 582 de los 1.331 pozos abiertos, muy por encima de Shell (211). Citi calcula un precio de equilibrio de 30 dólares por barril, la mitad que el shale estadounidense. Argentina se convirtió en exportador neto de petróleo y Vaca Muerta pasó a representar cerca del 60% de la energía del país.
La estructura societaria también se expandió: Y-TEC junto al CONICET en 2012, YPF Luz para generación eléctrica en 2013, YPF Litio para baterías de vehículos eléctricos en 2021, YPF Nuclear para minería de uranio en 2025. Adquirió el control de Metrogas en 2012 y participa en Profertil. Hoy su composición es mixta, con el Estado y las provincias de la OFEPHI con el 51% y el 49% flotando en bolsa. Emplea a más de 24.000 personas directamente, supera los 100.000 empleos indirectos, facturó 18.757 millones de dólares en 2022 con 2.234 millones de beneficio neto, y su presidente y CEO es Horacio Marín, designado por Javier Milei, técnico que desarrolló el pozo de shale gas Fortín de Piedra.
“Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de petróleo de esquisto y la cuarta de gas de lutita, con YPF operando 582 de los 1.331 pozos abiertos.”
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