Qué ocurrió con Nicolás Maduro: de Miraflores al juzgado federal de Nueva York
El 3 de enero de 2026 se produjo uno de los eventos políticos más impactantes de la historia contemporánea latinoamericana: Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela desde 2013, fue capturado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos en el marco de una operación militar de gran escala ordenada por la administración del presidente Donald Trump. La detención tuvo lugar en el búnker conocido como «Casa de los Pinos», ubicado dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde Maduro se escondía junto a su esposa, Cilia Flores.
La operación no fue un simple arresto. Se ejecutó entre bombardeos sobre territorio venezolano, lo que la convierte en una intervención militar con consecuencias geopolíticas enormes. Medios como La Opinión y El Tiempo documentaron explosiones, bombardeos y la captura como hechos simultáneos. Trump anunció públicamente la detención de Maduro y de su esposa tras los ataques, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmaba la captura, exigía una prueba de vida y hablaba de bajas militares en el lado venezolano.
Para entender cómo se llegó a este punto, hay que remontarse al 26 de marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de captura contra Maduro con una recompensa de 15 millones de dólares. Los cargos estaban relacionados con el Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos mandos militares venezolanos. El New York Times informó entonces que el presidente venezolano era acusado en territorio estadounidense de narcotráfico.
El traslado posterior fue rápido: Maduro fue llevado a Nueva York, y la fotografía que dio la vuelta al mundo lo mostraba llegando al helipuerto del centro de Manhattan el 5 de enero de 2026, a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, con protección auditiva y antifaz. Esa imagen, difundida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se convirtió en el símbolo visual de una transición abrupta de poder.
El proceso judicial que enfrentó en suelo estadounidense quedó registrado como Caso Estados Unidos contra Maduro. Los cargos principales son de narcoterrorismo, narcotráfico de cocaína y posesión ilegal de armas. El Wall Street Journal tituló: «Maduro Faces Federal Drug-Trafficking Charges in U.S.». The Guardian, en su análisis del 5 de enero de 2026 firmado por Edward Helmore, resumía la acusación central: «EEUU alega que el presidente venezolano ha pasado las dos últimas décadas trabajando con grupos internacionales de tráfico de drogas».
Maduro permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde fija su residencia desde 2026. Antes de la captura, su residencia oficial había sido La Casona y el Palacio de Miraflores en Caracas. Su esposa Cilia Flores también fue capturada durante la operación y enfrenta su propio proceso.
La transición del poder en Venezuela se produjo de forma simultánea. La vicepresidenta Delcy Rodríguez pasó a ejercer como «presidenta encargada», viéndose Maduro de facto despojado del cargo. Deutsche Welle informó el 3 de enero de 2026 que Rodríguez asumiría la presidencia interina, precisando que sería la primera mujer en dirigir el Ejecutivo del país caribeño, aunque de manera temporal. France24 publicó el 5 de enero de 2026 el titular: «¿Interina o encargada? Delcy Rodríguez jura como presidenta tras la detención de Maduro».
Sin embargo, la situación institucional venezolana presenta una paradoja notable. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no considera que se haya producido una falta absoluta del cargo presidencial. Por tanto, sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente legítimo, y ordenó que la vicepresidenta asumiera sus poderes de forma temporal. Es decir, en el papel, Maduro sigue siendo presidente; en la práctica, está preso en Brooklyn.
El contexto previo a la captura explica por qué este desenlace se gestó durante más de una década. Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Fue vicepresidente de la República entre 2012 y 2013, y ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012. En 2018 fue reelegido en elecciones convocadas prematuramente el 20 de mayo, con líderes opositores encarcelados, exiliados o inhabilitados, sin observación internacional y con presión sobre los electores.
La reelección de 2018 no fue reconocida por la oposición venezolana, unos 51 países, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el G7, que afirmaron que los comicios fueron ilegales y sin garantías mínimas. El 10 de enero de 2019, minutos después de que Maduro prestara juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2019-2025, la OEA aprobó una resolución que lo declaraba ilegítimo como presidente e instaba a convocar nuevas elecciones.
Los registros de derechos humanos durante su gestión son devastadores. Un informe de la OEA determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Las Naciones Unidas han reportado más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales (10.085 entre 2013 y 2023 según la ONG Provea) por parte de las fuerzas de seguridad durante las llamadas «operaciones de liberación del pueblo», con documentación de torturas y tratos crueles. Más de ocho millones de venezolanos han salido del país (8,7 millones según el mapa de la diáspora publicado por Newtral), con Colombia, Perú y Estados Unidos como principales destinos.
En 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que su mandato se consolidó en un «régimen dictatorial». Diversas fuentes y medios lo consideran un dictador. Todo ese recorrido —elecciones ilegales, represión, diáspora masiva, acusaciones de narcotráfico— desembocó en la operación militar del 3 de enero de 2026 y en un juicio federal en suelo estadounidense que, a fecha de la información disponible, sigue en curso.
“Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, pero el Tribunal Supremo venezolano sigue reconociendo a Maduro como presidente legítimo.”
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