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que hicieron los paramilitares en colombia, Pueblo rural en el Magdalena Medio colombiano al atardecer, rodeado de selva y río
historia ·#12185 ·Lectura 9 min. · Redactor: Cati Ariza

⚔️ Qué hicieron los paramilitares en Colombia

Respuesta corta
Verificado
Redactado por Humanos!

Entre 1975 y 2015, paramilitares y GAPD protagonizaron el 47,09% de todas las muertes del conflicto armado colombiano: 21.044 víctimas.

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Qué hicieron los paramilitares en Colombia: de la legalidad al terror sistémico

Para entender qué hicieron los paramilitares en Colombia, hay que empezar por un dato que sorprende a muchos: el paramilitarismo no nació en la clandestinidad, sino en el Diario Oficial. Todo arrancó con el Decreto Legislativo 3398 de 1965, firmado bajo estado de excepción durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Su artículo 33, en el parágrafo tercero, daba luz verde al Ejército para entregar armas privativas de la fuerza pública a civiles organizados para tareas de defensa. La Ley 48 de 1968, ya con Carlos Lleras Restrepo en la presidencia, transformó ese decreto temporal en legislación permanente. Y el Decreto 1355 de 1970 terminó de armar el andamiaje jurídico. Durante veintisiete años, hasta 1989, las autodefensas civiles operaron legalmente en Colombia.


Pero la cosa no quedó en permisos legales. Los manuales contrainsurgentes del Ejército —de 1969, 1979 y 1982— no simplemente permitían armar civiles: los ordenaban. El manual de 1979 instruía organizar militarmente a la población para defenderse de las guerrillas y apoyar operaciones de combate. En ese documento aparece por primera vez la categoría doctrinal de "junta de autodefensa". A esto se sumó otra capa del período Valencia: la autorización para arrestar y someter a consejo de guerra a civiles acusados de delitos tan vagos como "alterar el desarrollo pacífico de la actividad social". Con eso, la frontera entre poblador, sospechoso y objetivo militar se borró por completo.


El laboratorio donde se ensayó todo esto fue Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio. Entre 1977 y 1984 se armaron grupos de escopeteros bajo la tutela de oficiales del Batallón Bárbula. El mayor retirado Óscar de Jesús Echandía, alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982, contó que el detonante organizativo fue una reunión convocada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga con ganaderos y civiles armados con revólveres, escopetas y machetes, pero con fuerte respaldo castrense. Echandía formuló en diciembre de 1982 la consigna que definiría el proyecto: "una Puerto Boyacá limpia de guerrilla". La consolidación de ese modelo dejó al menos dieciocho masacres documentadas y miles de desplazados desde 1983.


Un episodio paralelo aceleró la militarización del crimen: el 12 de noviembre de 1981, cuando el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa Vásquez del Cartel de Medellín, la respuesta fue la creación del grupo MAS (Muerte a Secuestradores). Capturaron, torturaron y ejecutaron a miembros del M-19 con una crueldad que sorprendió a esa guerrilla. La magnitud real del fenómeno la reveló el procurador Carlos Jiménez Gómez el 14 de febrero de 1983: denunció ante el Congreso que en la creación y operación del MAS participaron 163 personas, 59 de ellas militares en servicio activo.


La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) funcionó como estructura legal para canalizar recursos hacia el paramilitarismo: financiaba centros de entrenamiento, pagaba sueldos y adquiría armas y municiones. A partir de 1982 el Ejército aumentó los patrullajes conjuntos y creó escuelas de entrenamiento militar para civiles dictadas por oficiales activos y retirados.


La transformación del paramilitarismo en fuerza territorial la produjo la inyección de capitales del narcotráfico. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar invirtieron cifras enormes en tierras del Magdalena Medio, se hicieron terratenientes y financiaron directamente las autodefensas. La lógica era doble: proteger laboratorios de cocaína y ganar legitimidad política presentándose como enemigos de las FARC para reducir la presión estadounidense en la Guerra contra las Drogas del gobierno de Reagan. Con esos fondos se contrató al excoronel israelí Yair Klein, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, vinculado a entrenamientos paramilitares en Puerto Boyacá.


El dinero narco desbordó a los creadores originales. Militares y ganaderos perdieron protagonismo frente a los narcotraficantes, y la expansión territorial siguió las rutas de la coca hacia los Llanos del Yarí, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Nariño. Otros núcleos replicaron la fórmula: Fidel Castaño acumuló capital narco en el sur de Córdoba; Hernán Giraldo hizo lo propio en la Sierra Nevada de Santa Marta; Ramón Isaza mantuvo su feudo en el Magdalena Medio antioqueño.


El 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema declaró inconstitucional el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto 3398 y calificó por primera vez estos grupos como "paramilitarismo", superando el eufemismo de "autodefensa". Semanas antes, el Decreto 0815 del gobierno de Virgilio Barco había suspendido la habilitación de las autodefensas. Pero la sentencia no desmontó las estructuras: solo les retiró el amparo jurídico, y las relaciones entre Estado y grupos armados ilegales continuaron en la clandestinidad.


Tras los asesinatos de Rodríguez Gacha (1989) y Escobar (1993), la iniciativa paramilitar se desplazó al noroccidente. Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño consolidaron su base en el sur de Córdoba y Urabá, y hacia 1994-1995 fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En 1997 las distintas estructuras se unificaron bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).


Mientras las ACCU se expandían, el Estado abrió otra puerta jurídica: el Decreto 356 de 1994, en el gobierno de César Gaviria, creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que permitían a civiles portar armas cortas —incluidas algunas de uso privativo— con autorización de una superintendencia. Llegaron a existir más de cuatrocientas Convivir. Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia desde 1995, autorizó al menos 67 cooperativas, con especial intensidad desde 1996.

“La Convivir llegó a tener más de 400 cooperativas autorizadas, con solo 15 inspecciones verificadas en toda su historia operativa.”

Dato clave
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Muro memorial con nombres grabados en un pueblo colombiano, flores y velas

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El paramilitarismo no fue una anomalía: fue una política de Estado que mutó en máquina de exterminio

La supervisión de las Convivir fue mínima, por decirlo suave. Una investigación de la revista Semana en septiembre de 1997 reveló que ninguna Convivir con más de dos años de funcionamiento estaba al día en la renovación de permisos. Solo se habían hecho 15 visitas de inspección a más de 400 cooperativas, no se había rechazado ninguna solicitud ni impuesto sanciones, y apenas al 9% de sus integrantes se les habían examinado antecedentes penales. Varias quedaron directamente en manos paramilitares: Siete Cueros (La Ceja) bajo José María Barrera; Deyavan (Yarumal) con Rodrigo Pérez Álzate; Costa Azul (Necoclí), dirigida por Carlos Alberto Ardila Hoyos, pieza clave del Bloque Élmer Cárdenas. El propio Mancuso definió la Convivir como "una autodefensa legal, amparada por el Estado, con fusiles del Estado, que servía de bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal", y describió cómo usó la Convivir Horizonte Ltda. como salvoconducto para transportar tropas armadas.


La masacre fue la táctica emblemática. Apareció a mediados de los ochenta como instrumento de intimidación en poblaciones bajo control territorial de la guerrilla en Urabá, el Magdalena Medio y el Meta, y a mediados de los noventa reapareció por todo el país como sello de la presencia paramilitar.


EntidadMasacres documentadasPeriodo
Paramilitares1.1661982-2013
Grupos no identificados2951982-2013
FARC2381982-2013
Fuerzas de seguridad1391982-2013

El Grupo de Memoria Histórica registró 2.505 masacres entre 1982 y 2007, con 14.660 víctimas. El proyecto "Rutas del conflicto" del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó plenamente 728 masacres entre 1982 y 2013 —apenas un tercio de su base de datos total—.


Un hito fundacional fue la masacre del 6 de octubre de 1988 contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías desde Venezuela hacia Puerto Boyacá. Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y omisión. Determinó que las Autodefensas del Magdalena Medio decidieron matarlos y apropiarse de sus mercancías porque no pagaban los "impuestos" que cobraban por transitar la región. Los cuerpos fueron descuartizados y lanzados al río Magdalena. La CIDH estableció que integrantes del ejército fueron cómplices.


En Urabá, desde la finca Las Tangas, las Autodefensas de Córdoba y Urabá secuestraron, torturaron y asesinaron a sindicalistas, campesinos, militantes de izquierda y defensores de derechos humanos sindicados de colaborar con la guerrilla. Carlos Castaño justificó las masacres como arma de guerra en una entrevista con Human Rights Watch: "Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que la batalla es desigual, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar las mismas estrategias de la guerrilla y adoptar sus métodos de combate". En 1988, con apoyo de efectivos del ejército y financiación de ganaderos, empresarios, políticos y narcotraficantes, se cometieron Honduras y La Negra, Coquitos y Segovia (95 asesinatos), y Caño Viejo, Llama Caliente, El Carmen y La Rochela (46 personas).


El Urabá fue el epicentro: entre 1991 y 2001 se registraron allí 96 masacres con 597 personas asesinadas. La investigación de Andrés Fernando Suárez describe la región como "la bisagra entre un antes y un después" de la dinámica del conflicto en la segunda mitad de los noventa, donde convergieron Comandos Populares, ACCU, Convivir, narcotráfico, Unión Patriótica, Partido Comunista, Esperanza Paz y Libertad, el sindicato Sintrainagro y los bananeros de Augura.


El componente político fue sistemático. Los paramilitares exterminaron militantes y simpatizantes de fuerzas con origen insurgente, especialmente la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad. Las masacres significaron el fin de movimientos como el MOIR y el debilitamiento del Partido Comunista Colombiano. Entre 1997 y 2000, en apenas cuatro años, sus estructuras cometieron más de 250 masacres con cerca de 1.700 víctimas mortales.


La privatización de la seguridad tuvo un saldo numérico demoledor: en 40 años los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos. Entre 1975 y 2015, paramilitares y Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) protagonizaron el 47,09% de las muertes del conflicto (21.044 víctimas). Las AUC están acusadas de 4.000 masacres y 260.000 muertos en su conjunto de trayectorias criminales. La Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín (octubre de 2002) fue la incursión militar urbana más grande del país, con participación paramilitar según desmovilizados. El despojo de tierras aparece como patrón masivo, junto con violencia sexual y sevicia ritual —mutilaciones, empalamientos, disposición escenificada de cadáveres— entre 1997 y 2002.


La desmovilización se pactó con el gobierno de Uribe. Mediante la "Acto de fe por la paz" (octubre 2004) se iniciaron entregas colectivas que se extendieron hasta abril de 2006. Se disolvieron 36 estructuras, con 30.944 hombres y mujeres. Pero el reciclaje fue veloz: comandantes dejaron grupos armados con sus hombres de confianza para seguir protegiendo el negocio del narco. Desde diciembre 2002 hasta mediados de 2009, al menos 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por paramilitares según la Comisión Colombiana de Juristas. Tras 2006, las BACRIM se convirtieron en principales perpetradoras de masacres. Antioquia fue el departamento más golpeado: 598 de las 728 masacres documentadas. Medellín registró 48 masacres, la cifra más alta entre ciudades.

Conclusión:

¿que hicieron los paramilitares en colombia?

Yo creo que la forma más honesta de responder qué hicieron los paramilitares en Colombia es decir que hicieron lo que el propio Estado les había pedido, amplificado hasta el delirio. No fueron una anomalía surgida de la nada: nacieron de decretos firmados en el Diario Oficial, fueron convertidos en legislación permanente por el Congreso y operacionalizados por manuales del Ejército que ordenaban armar a civiles. Y sin embargo, lo que terminó pasando es que esos actores privados colonizaron al propio Estado. Lo que me parece especialmente difícil de digerir, y tal como yo lo veo es quizás el punto más revelador de toda esta historia, es que las AUC no fueron una organización nacional coordinada con un mando centralizado. Eran una unión laxa de grupos con intereses regionales distintos, que terminaron siendo reguladores de la vida social y económica de muchas comunidades. El control paramilitar no se sostuvo solo por terror, sino por la producción de un orden social aceptado, una especie de sometimiento voluntario. Eso es lo que complica cualquier respuesta simple a esta pregunta. No se trata de un antes y un después limpio, porque el desmonte de las siglas no borró la fórmula: rutas, territorios y alianzas siguieron fluyendo bajo nombres nuevos. Tienes que pensar en varias opciones válidas para entender el fenómeno, porque es un sistema que se recicló a sí mismo durante medio siglo.

Fuentes: 1º Historiacolombiana.com 2º Centrodememoriahistorica.gov.co 3º Comisiondelaverdad.co 4º Insightcrime.org 5º Verdadabierta.com
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Redacción: Cati Ariza · Actualizado en: 06/11/2026

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