Qué hicieron los paramilitares en Colombia: de la legalidad al terror sistémico
Para entender qué hicieron los paramilitares en Colombia, hay que empezar por un dato que sorprende a muchos: el paramilitarismo no nació en la clandestinidad, sino en el Diario Oficial. Todo arrancó con el Decreto Legislativo 3398 de 1965, firmado bajo estado de excepción durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Su artículo 33, en el parágrafo tercero, daba luz verde al Ejército para entregar armas privativas de la fuerza pública a civiles organizados para tareas de defensa. La Ley 48 de 1968, ya con Carlos Lleras Restrepo en la presidencia, transformó ese decreto temporal en legislación permanente. Y el Decreto 1355 de 1970 terminó de armar el andamiaje jurídico. Durante veintisiete años, hasta 1989, las autodefensas civiles operaron legalmente en Colombia.
Pero la cosa no quedó en permisos legales. Los manuales contrainsurgentes del Ejército —de 1969, 1979 y 1982— no simplemente permitían armar civiles: los ordenaban. El manual de 1979 instruía organizar militarmente a la población para defenderse de las guerrillas y apoyar operaciones de combate. En ese documento aparece por primera vez la categoría doctrinal de "junta de autodefensa". A esto se sumó otra capa del período Valencia: la autorización para arrestar y someter a consejo de guerra a civiles acusados de delitos tan vagos como "alterar el desarrollo pacífico de la actividad social". Con eso, la frontera entre poblador, sospechoso y objetivo militar se borró por completo.
El laboratorio donde se ensayó todo esto fue Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio. Entre 1977 y 1984 se armaron grupos de escopeteros bajo la tutela de oficiales del Batallón Bárbula. El mayor retirado Óscar de Jesús Echandía, alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982, contó que el detonante organizativo fue una reunión convocada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga con ganaderos y civiles armados con revólveres, escopetas y machetes, pero con fuerte respaldo castrense. Echandía formuló en diciembre de 1982 la consigna que definiría el proyecto: "una Puerto Boyacá limpia de guerrilla". La consolidación de ese modelo dejó al menos dieciocho masacres documentadas y miles de desplazados desde 1983.
Un episodio paralelo aceleró la militarización del crimen: el 12 de noviembre de 1981, cuando el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa Vásquez del Cartel de Medellín, la respuesta fue la creación del grupo MAS (Muerte a Secuestradores). Capturaron, torturaron y ejecutaron a miembros del M-19 con una crueldad que sorprendió a esa guerrilla. La magnitud real del fenómeno la reveló el procurador Carlos Jiménez Gómez el 14 de febrero de 1983: denunció ante el Congreso que en la creación y operación del MAS participaron 163 personas, 59 de ellas militares en servicio activo.
La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) funcionó como estructura legal para canalizar recursos hacia el paramilitarismo: financiaba centros de entrenamiento, pagaba sueldos y adquiría armas y municiones. A partir de 1982 el Ejército aumentó los patrullajes conjuntos y creó escuelas de entrenamiento militar para civiles dictadas por oficiales activos y retirados.
La transformación del paramilitarismo en fuerza territorial la produjo la inyección de capitales del narcotráfico. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar invirtieron cifras enormes en tierras del Magdalena Medio, se hicieron terratenientes y financiaron directamente las autodefensas. La lógica era doble: proteger laboratorios de cocaína y ganar legitimidad política presentándose como enemigos de las FARC para reducir la presión estadounidense en la Guerra contra las Drogas del gobierno de Reagan. Con esos fondos se contrató al excoronel israelí Yair Klein, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, vinculado a entrenamientos paramilitares en Puerto Boyacá.
El dinero narco desbordó a los creadores originales. Militares y ganaderos perdieron protagonismo frente a los narcotraficantes, y la expansión territorial siguió las rutas de la coca hacia los Llanos del Yarí, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Nariño. Otros núcleos replicaron la fórmula: Fidel Castaño acumuló capital narco en el sur de Córdoba; Hernán Giraldo hizo lo propio en la Sierra Nevada de Santa Marta; Ramón Isaza mantuvo su feudo en el Magdalena Medio antioqueño.
El 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema declaró inconstitucional el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto 3398 y calificó por primera vez estos grupos como "paramilitarismo", superando el eufemismo de "autodefensa". Semanas antes, el Decreto 0815 del gobierno de Virgilio Barco había suspendido la habilitación de las autodefensas. Pero la sentencia no desmontó las estructuras: solo les retiró el amparo jurídico, y las relaciones entre Estado y grupos armados ilegales continuaron en la clandestinidad.
Tras los asesinatos de Rodríguez Gacha (1989) y Escobar (1993), la iniciativa paramilitar se desplazó al noroccidente. Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño consolidaron su base en el sur de Córdoba y Urabá, y hacia 1994-1995 fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En 1997 las distintas estructuras se unificaron bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Mientras las ACCU se expandían, el Estado abrió otra puerta jurídica: el Decreto 356 de 1994, en el gobierno de César Gaviria, creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que permitían a civiles portar armas cortas —incluidas algunas de uso privativo— con autorización de una superintendencia. Llegaron a existir más de cuatrocientas Convivir. Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia desde 1995, autorizó al menos 67 cooperativas, con especial intensidad desde 1996.
“La Convivir llegó a tener más de 400 cooperativas autorizadas, con solo 15 inspecciones verificadas en toda su historia operativa.”
Dato clave