Lo que hicieron los congresales después del «¡Sí, queremos!» en Tucumán
El 9 de julio de 1816, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, el secretario Juan José Paso formuló la pregunta que quedó grabada en la memoria argentina: si las Provincias Unidas querían ser una Nación libre e independiente de los reyes de España. La respuesta, un «¡Sí, queremos!» unánime y espontáneo, no fue el punto final. Fue apenas el punto de partida de una secuencia de actos que transformó un grito colectivo en un instrumento jurídico, una comunicación internacional y una fiesta popular.
El presidente del Congreso, el sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, secundado por el vicepresidente Mariano Boedo, había propuesto tratar el tercer punto del Plan de Asuntos Fundamentales, redactado por Esteban Agustín Gascón, José Mariano Serrano y Teodoro Sánchez de Bustamante. Una vez fijada la determinación, lo inmediato fue aprobar el texto del Acta de la Independencia, un documento que abre situándose en San Miguel de Tucumán y precisa que el Congreso continuó discutiendo «el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman».
El núcleo jurídico es contundente: los representantes, invocando al Eterno que preside el Universo y actuando en nombre de los pueblos, declararon solemnemente la voluntad unánime e indubitable de las Provincias de romper los violentos vínculos con España, recuperar derechos despojados e investirse del carácter de nación libre e independiente. Añadían que quedaban «de hecho y derecho, con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia», y cada provincia publicaba, declaraba y ratificaba esa decisión, comprometiéndose bajo la garantía de sus vidas, haberes y fama.
A continuación vino la firma. El Acta fue suscripta en la sala de sesiones, firmada de puño de los diputados, sellada con el sello del Congreso y refrendada por los secretarios. Encabezaban la rúbrica Laprida como presidente y Boedo como vicepresidente, seguidos por los veintinueve diputados restantes: Darregueira, Acevedo, Sánchez de Bustamante, Aráoz, Gallo, Malabia, Colombres, Cabrera, Serrano, Rodríguez, Gorriti, Pérez Bulnes, Gascón, Rivera, Castro Barros, Thames, Maza, Paso, Sáenz, Medrano, Pacheco de Melo, Godoy Cruz, Uriarte, Sánchez de Loria, Salguero, Santa María de Oro y Anchorena.
El Acta ordenaba expresamente «comuníquese a quienes corresponda para su publicación» y, en obsequio del respeto debido a las naciones, producir un manifiesto con los fundamentos de la declaración. El Congreso se obligó a sí mismo a generar un segundo documento de carácter justificativo dirigido a la comunidad internacional. La comisión encargada la integraron José María Serrano, Antonio Sáenz y José Luis Chorroarín, y la redacción habría sido obra de Sáenz.
El resultado fue el «Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su independencia», impreso en Buenos Aires en 1817 en la Imprenta de la Independencia. Además, se envió comunicación al rey de España y se remitió el Acta a los pueblos y jefes militares para su acatamiento.
Mientras todo esto ocurría entre cuatro paredes, la sala estaba rodeada de gente. El anuncio se volcó de inmediato a la calle. Los habitantes de Tucumán colgaron guirnaldas con faroles y banderas en las puertas de la iglesia, organizaron bailes en la plaza central y los payadores improvisaron versos hasta altas horas de la madrugada. En el patio de la misma casa del Congreso se realizó un baile para las familias principales de la ciudad.
La fiesta desbordó el casco urbano. Por la cantidad de concurrentes, el festejo debió trasladarse a un campo cercano donde se hicieron juegos a caballo y un gran desfile militar. La descripción popular habla de empanadas calientes, abrazos y gritos de «¡viva la independencia!» y «¡viva la libertad!», una explosión colectiva que mezclaba lo solemne con lo festivo en proporciones iguales.
Conviene recordar el contexto que hizo urgente todo aquello: Fernando VII había vuelto al trono español en 1814 como monarca absolutista, con intención de castigar a los diputados gaditanos y enviar expediciones militares a América. En el plano interno, la crisis de 1815 —la sublevación de Fontezuelas, la caída de Alvear, la declaración de independencia de Córdoba respecto de Buenos Aires— había quebrado el pacto entre la capital y el interior. El Congreso era la única vía para reconstruir la unidad sin depender de Buenos Aires.
Los diputados habían llegado tras viajes agotadores en diligencias, carretas y a caballo, alojándose en casas de vecinos y posadas. El Congreso había abierto sus sesiones el 24 de marzo de 1816 y trabajaron durante meses discutiendo proyectos antes de ponerse de acuerdo en la declaración. No fue un acto improvisado, sino el resultado de casi cuatro meses de deliberaciones en una ciudad que no era la capital del poder económico rioplatense.
“El Congreso ordenó imprimir el Acta en castellano, quechua y aymara: fue el primer documento estatal argentino pensado para lectura de pueblos originarios”
Dato clave