Cómo los chinos lograron descontaminar su capital: de la ciudad del smog a un modelo global
A finales de la década de 1990, Pekín era sinónimo de una catástrofe ambiental urbana. Casi 13,6 millones de habitantes, un millón de vehículos en circulación y una industria alimentada por carbón que no frenaba. Los titulares internacionales describían un escenario casi apocalíptico: testimonios recogidos por la prensa en 1998 narraban una ciudad donde "no se pueden ni ver los edificios altos a unas pocas calles de distancia". El crecimiento del PIB entre 1997 y 2017 se disparó un 1078%, la población un 73-74% y el parque móvil un 335%. Pekín fue bautizada como la "capital mundial del smog", un apodo que nadie en el gobierno local estaba dispuesto a tolerar mucho más tiempo.
El punto de inflexión llegó en 1998, cuando el Gobierno Municipal de Pekín decidió que "ya era suficiente" y publicó la primera declaración de un gobierno local chino sobre control de la contaminación atmosférica. No fue un parche ni una promesa vacía: aquella campaña fijó un camino integral con leyes y mecanismos de aplicación, planificación sistemática, normas locales estrictas y un alto nivel de participación pública, acompañada de la publicación semanal de informes de calidad del aire. La clave fue atacar todas las fuentes: combustión de carbón, construcción, quema de combustible doméstico y, sobre todo, el transporte, pieza central del problema y de la solución.
Entre 1998 y 2011, el gobierno de Pekín construyó un mecanismo completo de legislación y cumplimiento. Se cerraron empresas altamente contaminantes, se modernizaron y reconvirtieron centrales eléctricas, se renovaron calderas de carbón y se eliminó progresivamente la circulación de vehículos diésel y de gasolina pesados. Con los Juegos Olímpicos de 2008 como horizonte, se anunciaron medidas estrictas y temporales y se lanzó la primera gran iniciativa de cooperación regional contra la contaminación. El aire durante la competición fue notablemente limpio, aunque los cielos azules no duraban en invierno: era una señal de que el problema no se resolvía con parches puntuales.
El momento verdaderamente decisivo llegó tras los graves episodios de contaminación del invierno de 2012. En palabras de responsables ambientales chinos, "desde el gobierno central hasta el local, desde la industria hasta los ciudadanos, todos llegaron a odiar la contaminación atmosférica". En septiembre de 2013, Pekín anunció un plan de acción de cinco años (2013-2017) que reconocía que la contaminación se había vuelto "severa" y buscaba efectos dramáticos para proteger la salud y promover un crecimiento sostenible. Este plan formaba parte del gran Plan de Acción Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (APPCAP), una campaña que costó unos 100.000 millones de dólares repartidos en varios años.
El plan de 2013 endureció los estándares de emisiones por delante de los nacionales y cerró importantes lagunas normativas. El sector del transporte fue uno de los grandes focos. Las autoridades locales instituyeron una lotería ciudadana de matrículas para quien quisiera comprar un coche nuevo de combustión fósil, mientras que quienes deseaban un coche eléctrico podían obtener placa con mucha más facilidad. Se exigió chatarrear los coches viejos y contaminantes, se aumentó la frecuencia de inspecciones a los vehículos en circulación y se endurecieron los límites de emisiones de los camiones diésel, ordenando además que los camiones pesados usaran las rondas periféricas para evitar las zonas más pobladas.
La transición energética fue el otro gran pilar. Históricamente dependiente del carbón para la calefacción y la electricidad, Pekín transitó agresivamente hacia fuentes más limpias como el gas natural y las renovables. El consumo de carbón cayó drásticamente de más de 21 millones de toneladas anuales a menos de 600.000 toneladas. Se eliminaron centrales y calderas de carbón, se renovaron o desmantelaron todas las calderas de gas de la zona urbana núcleo y se implantó una prohibición del carbón residencial. Entre 2013 y 2022, todas las zonas urbanas y más de un millón de hogares rurales cambiaron su calefacción de carbón a electricidad o gas.
La limpieza industrial fue masiva: miles de fábricas muy contaminantes fueron cerradas o modernizadas con tecnologías de ultra-bajas emisiones. En total, 2.154 empresas contaminantes fueron clausuradas y más de 11.000 negocios y empresas contaminantes fueron rectificadas. Paralelamente se desarrolló un sistema de tratamiento de múltiples contaminantes —desulfuración, desnitrificación y recolección de polvo— aplicable a sectores clave como centrales eléctricas, acero y materiales de construcción. Se aplicaron controles de polvo en obras de construcción y zonas sin pavimentar, algo que antes era prácticamente inexistente.
La vigilancia científica se convirtió en herramienta central. En 2016 se creó una red integrada de monitorización de la calidad del aire de vanguardia, con teledetección satelital de alta resolución y radar láser, y una red densa de monitorización de PM2.5 con más de 1.000 sensores distribuidos por la ciudad para identificar con precisión las zonas y horas de altas emisiones. Desde 2013, Pekín hizo pública información que incluye concentraciones en tiempo real de los seis principales contaminantes, un índice de calidad del aire y consejos sanitarios dirigidos a grupos específicos como niños, ancianos y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.
La salud pública guió la estrategia desde 2007, cuando el gobierno invitó a investigadores en salud pública a recopilar evidencia sobre el impacto de la contaminación. El hallazgo del efecto de los NOx sobre el sistema respiratorio reforzó el control de emisiones vehiculares, las zonas de bajas emisiones y las restricciones a camiones de altas emisiones. La inversión financiera se disparó: el presupuesto de Pekín contra la contaminación pasó de poco más de 3.000 millones de yuanes en 2013 a más de 18.000 millones de yuanes en 2017, casi un sextuplico del gasto, complementado con subsidios a los ciudadanos para cambiar del carbón al gas natural y campañas de educación pública.
La cooperación regional fue decisiva: Pekín coordinó medidas con las áreas vecinas, en particular la región Pekín-Tianjin-Hebei, mediante planificación colaborativa, estándares unificados, respuestas conjuntas ante emergencias e intercambio de información. Las concentraciones medias anuales de PM2.5 en esas áreas cayeron casi un 25% entre 2013 y 2017. A ello se sumó la reforestación en las fronteras del norte de China, que convirtió en algo raro las tormentas de arena de los desiertos mongoles que hace quince años asolaban la primavera de la capital.
Desde 2020, la capital entró en una nueva fase de cogestión del cambio climático y la contaminación atmosférica, coordinando el pico y la neutralidad de carbono con el control de la contaminación. Iniciativas científicas de precisión extrema como la "iniciativa del microgramo 1" y luego la del "0,1 microgramos" buscan llevar la reducción al extremo. Los retos persisten: el PM2.5 medio sigue siendo unas seis veces superior a la guía de la OMS, el ozono de verano es una preocupación creciente y se buscan instrumentos más eficientes como mercados de carbono e impuestos ambientales.
Lo que hace este caso verdaderamente extraordinario es la combinación de todos los elementos: no hubo una sola bala de plata, sino un engranaje donde legislación, industria, transporte, energía, salud, ciencia y participación ciudadana operaron simultáneamente. Pekín no eligió entre crecimiento económico y aire limpio; construyó un modelo donde ambos caminos se entrelazaron con una intensidad que pocos países han logrado replicar.
“China concentra el 99% de los 385.000 autobuses eléctricos del mundo. Pekín tiene 6.584 autobuses eléctricos y 610.000 vehículos eléctricos en sus carreteras.”
Dato clave