Los 6 de La Suiza: cuando hacer sindicalismo costó la cárcel
Para entender qué hicieron los 6 de La Suiza, hay que retroceder a 2016 y 2017, cuando una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza, en la avenida de Schultz de Gijón, pidió una baja por riesgo de aborto. El responsable del negocio le impedía ausentarse del puesto. Esa mujer también reclamaba horas extras, vacaciones pendientes y denunció acoso laboral e incluso presunto acoso sexual.
A partir de ahí se encendió un conflicto laboral que incluyó un enfrentamiento físico entre el jefe y la pareja de la empleada. Cuando la trabajadora tuvo que reincorporarse tras el parto, intentó negociar un despido alegando acoso. Las negociaciones fracasaron, y la CNT de Gijón puso en marcha una campaña de protestas ante el local: concentraciones autorizadas por la Delegación del Gobierno y reparto de octavillas.
Fue durante esa campaña cuando empezaron las denuncias penales. La empresa formuló hasta treinta denuncias contra el sindicato y personas vinculadas a él, llegó a solicitar la ilegalización de la CNT y se abrió un proceso judicial contra más de treinta personas, entre ellas vecinas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas.
En junio de 2021, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, presidido por el magistrado Lino Rubio Mayo, sentenció inicialmente a ocho personas, cifra que luego se redujo a seis. La pena fue de tres años y medio de prisión: dos años por obstrucción a la administración de justicia y dieciocho meses por coacciones, además de una indemnización al propietario de la pastelería, que había cerrado su negocio durante las movilizaciones.
El grupo está formado por cinco mujeres y un hombre, procedentes de distintos ámbitos, que siempre calificaron la pena de desproporcionada y resultado de una persecución contra la protesta social. Desde el colectivo de apoyo se lamenta que los hechos habían sido sobreseídos previamente por otros juzgados y que solo en la sala de Rubio Mayo se reformularon como delitos.
La sentencia fue ratificada en junio de 2024 por el Tribunal Supremo, entonces presidido por Manuel Marchena, que rechazó el recurso de casación. En noviembre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo por carecer de especial trascendencia constitucional, una decisión que el sindicato calificó de subjetiva.
El 10 de julio de 2025, las seis personas ingresaron en la prisión asturiana de Villabona. La CNT calificó el encarcelamiento como un castigo ejemplarizante para sembrar miedo entre quienes luchan, y denunció que se trataba de seis sindicalistas por hacer sindicalismo. Ocho días después, el 18 de julio, obtuvieron el tercer grado penitenciario, pasando a pernoctar solo los fines de semana y saliendo para trabajar y cuidar de sus familias. Poco antes del indulto ya dormían en casa con pulsera telemática bajo supervisión de Instituciones Penitenciarias.
El encarcelamiento provocó una reacción inmediata y unitaria. Todos los sindicatos asturianos, desde los mayoritarios hasta los de clase, junto a la propia CNT, lanzaron una campaña internacional con el lema "¡Llibertá!" y el eslogan "hacer sindicalismo no es delito".
Se constituyó el grupo de apoyo Sofitu, cuya portavoz Herminia González recorrió el Estado español contando el caso y construyendo solidaridades. El expediente de indulto fue promovido por 22 organizaciones sindicales, respaldado por Amnistía Internacional y por el propio Gobierno del Principado de Asturias.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín calificó la sentencia de absolutamente injusta y carente de fundamentos jurídicos, solicitando al Ministerio de Justicia un indulto urgente. El caso generó protestas masivas en Asturias, otras ciudades españolas y actos de apoyo en Nueva York y distintos países europeos.
“Indulto parcial del 30 de marzo de 2026: salen de prisión pero la indemnización de 125.000-150.000 € queda en firme”
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