Formularios para la regularización masiva en España: EX-32, EX-31 y tasas oficiales
Si te preguntas qué formulario necesitas para acogerte a la regularización masiva en España, la respuesta depende de tu situación administrativa concreta. El marco legal que lo regula es el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el Reglamento de Extranjería y habilita dos vías extraordinarias de regularización. Este entramado normativo entró en vigor el 16 de abril de 2026 y cerró su plazo de solicitudes el 30 de junio de 2026, así que hoy los formularios sirven para revisar expedientes ya presentados o preparar subsanaciones.
El documento central, y el más habitual, es el modelo EX-32. Está pensado para la figura del arraigo extraordinario, prevista en la Disposición Adicional 21ª. Se aplica cuando el extranjero declara estar en situación irregular, que es precisamente la mayoría de los casos dentro de la regularización masiva. Lo encuentras en versión editable y no editable, descargable en PDF desde la sede del Ministerio.
El modelo EX-31, por su parte, se dirige a quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026, al amparo de la Disposición Adicional 20ª. Es un formulario más acotado, pensado para un perfil concreto de solicitantes que ya habían formalizado su registro de asilo o refugio.
Ambos modelos comparten una estructura similar. Recogen datos identificativos completos del solicitante, información sobre el representante legal cuando procede, domicilio a efectos de notificaciones, el tipo de autorización que se pide, declaraciones responsables (con especial peso en antecedentes penales) y la opción de incluir familiares dentro de la misma solicitud. Es decir, no son documentos aislados: constituyen el punto de partida operativo de todo el procedimiento.
La clave del EX-32 está en los tres anclajes que permite acreditar para acceder a la regularización extraordinaria:
- Haber trabajado o contar con un compromiso real de empleo (oferta, oferta de contrato superior a 90 días en un año, o declaración responsable para cuenta propia).
- Permanecer en España junto a la unidad familiar.
- Acreditar una situación de vulnerabilidad mediante entidades de asistencia social o del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.
Los requisitos comunes para casi todos los solicitantes son claros y conviene verificarlos antes de cumplimentar nada. Hay que ser mayor de edad, estar físicamente en España al presentar, no tener una autorización de estancia o residencia vigente, no figurar como interesado en otro procedimiento de extranjería paralelo y no ser titular de protección temporal por la directiva europea sobre Ucrania.
Además, se pide un mínimo de cinco meses de permanencia ininterrumpida previos a la solicitud. Esa permanencia se demuestra con cualquier prueba válida en derecho que incluya datos personales: empadronamiento, citas médicas, resguardos bancarios, billetes nominativos, contratos de alquiler, certificados de cursos, documentos escolares, comunicaciones oficiales del Ayuntamiento o de servicios públicos.
Sobre los antecedentes penales hay un doble nivel. El solicitante debe aportar certificado del país de origen y de todos los países donde haya residido en los cinco años anteriores a la entrada en España. La Unidad de Tramitación, por su parte, solicitará de oficio informe del Registro Central de Penados, consultas a bases de datos de la UE e informe policial, con un plazo de quince días. Si el país de origen no emite los penales en un mes, la Unidad puede recabarlos vía diplomática presentando justificante, declaración responsable y autorización específica, y el procedimiento puede quedar suspendido hasta tres meses.
La documentación habitual que acompaña al expediente incluye pasaporte o documento de identidad vigente (se acepta copia completa incluso si está caducado), cédula de inscripción o título de viaje válidos en España, la acreditación de estancia, la documentación específica de la vía aplicable y el EX-32 firmado. Todo esto se presenta ante las oficinas públicas habilitadas de la provincia, por representación, por medios electrónicos, en oficinas de Correos, de la Seguridad Social o de extranjería.
Tras la presentación, la habilitación provisional para residir y trabajar nace con la comunicación de inicio de tramitación, no con el simple resguardo. La Administración dispone de tres meses para resolver, y si no notifica, opera la desestimación por silencio administrativo.
“Plazo de solicitudes cerrado el 30 de junio de 2026: los formularios solo sirven para revisar expedientes o preparar subsanaciones”
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