¿Diferencia entre nulidad y anulabilidad?

Causas, plazos, efectos y protección del tercero: todo lo que separa una nulidad radical de un vicio subsanable

Los efectos de la nulidad contractual incluyen la retroactividad, de modo que el acto se considera como si nunca hubiera existido, la restitución mutua de prestaciones, la falta de protección de terceros, la devolución de los frutos percibidos y la asunción de gastos según las circunstancias. El artículo 1303 del Código Civil prevé la devolución recíproca de cosas, frutos, precio e intereses una vez declarada la invalidez, si bien los artículos 1304 a 1306 introducen límites por enriquecimiento, causa ilícita o torpe y pérdida imputable de la cosa. Los efectos de la anulabilidad incluyen la retroactividad desde la anulación, la protección de terceros de buena fe, la confirmación que elimina la posibilidad de anulación, la prescripción que sanea el vicio automáticamente y efectos limitados solo entre las partes.

El plazo para anular un contrato lo establece el artículo 1301 del Código Civil, que fija cuatro años bajo la expresión "acción de nulidad". El cómputo varía según la causa:

• Desde que cesa la violencia o intimidación.
• Desde la consumación del contrato en caso de error, dolo o falsedad de la causa.
• Desde la salida de la patria potestad o tutela en contratos de menores.
• Desde la celebración si se prescindió de los apoyos precisos en personas con discapacidad.
• Desde la disolución de la sociedad conyugal en actos de un cónyuge sin consentimiento necesario.

La confirmación es un acto jurídico que subsana la anulabilidad conforme a los artículos 1309 y siguientes, siempre que quien confirma esté legitimado y conozca el defecto. Sus requisitos son el conocimiento del vicio, la voluntad libre de subsanar, la capacidad para realizar el acto y una forma sin formalidades especiales, siendo irrevocable una vez realizada. Existen dos modalidades:

• Confirmación expresa: declaración inequívoca de voluntad, conocimiento expreso del vicio e intención clara de subsanar.
• Confirmación tácita: ejecución voluntaria del acto anulable, actos incompatibles con la voluntad de anular, transcurso del tiempo sin ejercitar la acción.

En el derecho de familia, el matrimonio nulo presenta vicios que lo invalidan radicalmente: vínculo matrimonial anterior no disuelto, parentesco en grados prohibidos, falta de edad (menor de 14 años), defecto de forma y falta absoluta de consentimiento. El matrimonio anulable puede ser válido hasta su anulación judicial por causas como el error en la identidad física o civil del cónyuge, coacción física o moral, miedo grave, impotencia anterior y perpetua, y minoría de edad entre 14 y 18 años sin dispensa. La bigamia es ejemplo de nulidad absoluta; el matrimonio contraído por error sobre la identidad del cónyuge, ejemplo de anulabilidad.

En el derecho administrativo, la Ley 39/2015 separa ambas categorías: nulidad de pleno derecho en el artículo 47 y anulabilidad en el artículo 48. La nulidad queda reservada para supuestos especialmente graves y tasados: actos que lesionen derechos constitucionales, dictados por órgano manifiestamente incompetente, de contenido imposible, constitutivos de infracción penal, prescindiendo total del procedimiento legal, o contrarios al ordenamiento adquiriendo derechos sin requisitos esenciales. La anulabilidad es la regla general: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluso la desviación de poder.

La convalidación solo juega en la anulabilidad. El artículo 52 permite a la Administración convalidar actos anulables subsanando sus vicios. Un acto nulo no podrá ser subsanado en ningún caso, mientras que un acto anulable sí. La revisión de oficio de actos nulos (artículo 106) puede realizarse "en cualquier momento", previo dictamen favorable del Consejo de Estado, sin límite temporal. Para actos anulables favorables al interesado, el artículo 107 remite a la declaración de lesividad, con un plazo máximo de cuatro años y audiencia previa.

En el plano procesal, la acción de nulidad tiene legitimación de cualquier interesado, prescripción inexistente y sentencia de naturaleza declarativa con efectos retroactivos desde el origen. La acción de anulabilidad requiere legitimación solo del perjudicado, plazo de cuatro años con caducidad, posibilidad de confirmación y sentencia de naturaleza constitutiva con efectos desde la anulación.

Respecto a los terceros, en la nulidad no hay protección general: nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. En la anulabilidad existe protección reforzada del tercero de buena fe, basada en la apariencia de validez del acto y requiriendo buena fe y onerosidad. La fe pública registral protege adquisiciones cuando concurren título oneroso, buena fe, inscripción registral válida y adquisición derivativa.

Conviene distinguir también la nulidad y la anulabilidad de la resolución del contrato, que es un remedio por incumplimiento de un contrato válido (artículo 1124 del Código Civil) y no una modalidad de nulidad. La etiqueta de nulidad o anulabilidad no basta por sí sola: hay que identificar la norma infringida, el elemento afectado, la legitimación y los efectos, pues el régimen de nulidad no se presume por cualquier defecto. En España existen derechos civiles especiales como el derecho civil catalán consolidado, que se conserva como advertencia de que no se aplica el resumen estatal sin revisar la legislación foral.