La función del juez se centra en la imparcialidad y la administración de justicia. A diferencia de las partes, el juez no es un representante de ninguna de ellas, sino un tercero neutral cuya principal responsabilidad es velar por que el proceso se desarrolle conforme a ley.
Su tarea incluye dirigir el debate, valorar la admisibilidad de las pruebas y, en última instancia, dictar sentencia. El juez decide si los hechos son ciertos y qué pena o medida corresponde, actuando como garante de los derechos fundamentales de todos los implicados, incluidas las víctimas y el acusado.
La labor del fiscal, en cambio, es parte activa de la acusación. Su objetivo principal es perseguir el delito y exigir una condena si considera que hay pruebas suficientes.
A diferencia del juez, el fiscal trabaja para el Estado o la sociedad civil buscando castigar a quien considera culpable. Presenta pruebas, interroga testigos y pide al juez que imponga una pena concreta. Mientras el juez mira hacia adelante buscando justicia imparcial, el fiscal mira hacia atrás exigiendo responsabilidad por los actos cometidos.
En resumen, aunque ambos son piezas vitales del sistema judicial, sus objetivos son distintos: el fiscal busca la condena basándose en pruebas, mientras que el juez busca la justicia imparcial basada en la ley.