¿Diferencia entre comercializadora y distribuidora de luz?

Funciones, Elección, Responsabilidades y Factura: La Guía Definitiva

Las obligaciones legales de las comercializadoras son amplias y exigentes. Deben adquirir la energía necesaria y pagar sus adquisiciones, contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la distribuidora, prestar las garantías reglamentarias exigidas, no realizar publicidad ni contratación telefónica con personas físicas sin petición expresa, ofertar contratos con precios dinámicos si superan los 200.000 consumidores finales, estar adheridas a una entidad de resolución alternativa de litigios, y no modificar unilateralmente las condiciones contractuales ni resolver el contrato antes de su vencimiento. Si un comercializador incumple estos requisitos, el Ministerio puede declarar la extinción de su habilitación y traspasar a sus clientes a un comercializador de referencia.

El distribuidor, por su parte, es el responsable de operar las redes y asegurar el suministro en condiciones adecuadas de calidad y seguridad. Da de alta y de baja los puntos de suministro, resuelve las averías de la red, se encarga del mantenimiento y la lectura de los contadores. El consumidor no puede elegir a qué distribuidor conectarse, ya que este viene determinado por la ubicación física del punto de suministro, es decir, por la dirección donde está instalado el contador.

Contratar un suministro implica, por tanto, dos contratos simultáneos: el de acceso a la red con la distribuidora de la zona y el de suministro con la comercializadora (libre o de referencia). Lo habitual es que el cliente realice ambos trámites a través de la comercializadora, que formaliza el contrato de acceso en su nombre. Para ello se aporta el código CUPS, el DNI del titular, la dirección, el certificado de instalación eléctrica, la potencia a contratar y el IBAN. En suministros nuevos se añade la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad. El plazo legal máximo de alta es de 5 a 7 días hábiles.

Los consumidores conectados en baja tensión con potencia igual o inferior a 10 kW pueden acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con el comercializador de referencia, cuyo precio está regulado por el Gobierno y varía según el momento del día. También pueden solicitar el bono social. Quienes se queden temporalmente sin contrato son suministrados por el comercializador de referencia con una penalización del 20% sobre la tarifa aplicada.

La factura de la luz refleja esta doble estructura de forma transparente. Incluye el coste de la energía (que corresponde a la comercializadora), los costes regulados de transporte y distribución, fomento de renovables y déficit de tarifas (que van a la distribuidora y al sistema), el margen que cobra la comercializadora por sus servicios, los impuestos (impuesto especial de electricidad e IVA) y, en su caso, el alquiler del equipo de medida y servicios adicionales contratados. Todo ello se traslada mediante un término de potencia fijo y un término de energía variable, con los peajes y cargos recogidos de forma separada.

En cuanto a incidencias, la regla práctica es clara y conviene memorizarla. Las averías de la red, cortes de luz generalizados, problemas de tensión, fallos y revisiones del contador son competencia de la distribuidora, que es la que figura en la factura a efectos de emergencias. Las consultas sobre el importe de la factura, los conceptos facturados, la forma de pago, los cambios de tarifa, de potencia o de discriminación horaria, y las gestiones de cambio de compañía se tramitan con la comercializadora, que a su vez eleva la solicitud a la distribuidora cuando se requiere una actuación técnica.

Si el consumo facturado parece erróneo, puede deberse a un error de lectura de la distribuidora o a una traslación incorrecta por parte de la comercializadora. Si las facturas son estimadas porque no se lee el contador, el problema es de la distribuidora, y cambiar de comercializadora no lo resolvería. Si se aplica mal una tarifa, la responsabilidad es de la comercializadora, salvo en los conceptos propios de la distribuidora como alquiler de contador, derechos de enganche o de extensión.

El cambio de comercializador es gratuito y debe completarse en un plazo máximo de diez días hábiles desde la formalización del contrato, ampliable cinco días más si hay actuaciones de campo complejas. El nuevo comercializador realiza todos los trámites y el contrato anterior se rescinde automáticamente. Solo puede aplicarse penalización si existe cláusula de permanencia, con un límite del 5% del coste de la energía pendiente en suministros de baja tensión. El consumidor dispone de 14 días para desistir en contratos celebrados a distancia y puede comparar ofertas mediante el comparador de la CNMC, accesible por el código QR de la factura.

La comercializadora no puede funcionar sin la distribuidora que transporta el producto que vende al cliente final, y viceversa. Ambas se retroalimentan, aparecen juntas en la factura de la luz, cada una con sus datos de contacto para consultas comerciales unas y para averías y emergencias otras. La gestión administrativa, comercial y contractual recae sobre la comercializadora, elegible y libre. La distribuidora aporta el soporte técnico y físico de la red, asignada por zona, con retribución regulada por el Estado. Son dos engranajes inseparables del mismo sistema eléctrico español.