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covid 19 nicaragua, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, durante la gestión de la pandemia de COVID-19
historia ·#4903 ·Lectura 9 min. · Redactor: Redacción Nexuscurioso

🦠 COVID-19 en Nicaragua: la pandemia que el gobierno quiso borrar

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El IHME de la Universidad de Washington calculó un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos entre 2020 y 2021, frente a los 228-245 que reportó el MINSA.

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COVID-19 en Nicaragua: crónica de una crisis silenciada

La primera señal del SARS-CoV-2 en territorio nicaragüense apareció el 18 de marzo de 2020. La vicepresidenta Rosario Murillo confirmó un caso: un hombre de 40 años, nicaragüense, que había regresado desde Panamá tres días antes. Según publicó el medio Confidencial, se trataba de un militar. Lo que vino después fue una espiral de silencio, negación y represión que duró años.


El segundo caso se registró apenas dos días más tarde, un viajero que venía de Colombia. El 26 de marzo llegó la primera muerte oficial, la de ese mismo paciente colombiano. A partir de ahí, el país entró en una dinámica que nadie esperaba y que el gobierno se empeñó en no reconocer. El 22 de abril se supo que el décimo infectado era un médico del hospital Bertha Calderón de Managua, contagiado atendiendo pacientes dentro del propio sistema público de salud. Un día después, un trabajador del Aeropuerto Internacional de Managua falleció.


Desde el primer día, el gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta optaron por una estrategia que resultó devastadora: ninguna cuarentena, ninguna frontera cerrada, ninguna clase suspendida, ningún evento cancelado. A finales de abril de 2020, Nicaragua formaba parte de un grupo reducido de cuatro países en el mundo que seguían con clases presenciales. El contraste con el resto de la región era brutal.


Y no se limitaron a no actuar. El 14 de marzo, cuatro días antes del primer caso, organizaron la marcha «Amor en los tiempos del COVID-19», también conocida como «Caminamos con la Fuerza de la Fe y la Esperanza». Médicos y personal de salud participaron en una aglomeración masiva en plena declaración de pandemia por la OMS. La exministra sandinista Dora María Téllez y el obispo Silvio José Báez alzaron la voz denunciando la irresponsabilidad. En mayo, cinco exministros de salud —Margarita Gurdián, Martha Derling, Lombardo Martínez, Dora María Téllez y Lea Guido— escribieron a la OMS y a la OPS alertando sobre «la carencia de acciones» y «el inminente agravamiento». Carissa Etienne, directora de la OPS, compartió esa preocupación abiertamente. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, calificó la actuación gubernamental como «temeraria».


Ortega desapareció de la vida pública durante 34 días. Reapareció el 15 de abril en cadena nacional con una frase que quedó grabada: «Si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue». El 30 de abril fue más lejos, llamando «medidas extremas» y «radicales» al confinamiento y la cancelación de vuelos. Afirmó que «el quédate en casa destruye el país» y acusó a quienes pedían cuarentena de ser «los mismos que quisieron hundir el país en 2018». El 25 de mayo presentó el «Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de COVID-19: una estrategia singular», un documento que afirmaba que todo estaba bajo control, que los «entierros express» denunciados eran falsos y que las cifras del Observatorio Ciudadano no se sostenían. Ortega llegó a comparar el modelo nicaragüense con el de Suecia.


El secretismo se instaló como norma. El MINSA pasó de informes diarios a semanales desde el 5 de mayo. Se popularizaron expresiones ambiguas como «delicados pero estables». Nunca se publicó la cifra exacta de pruebas realizadas. Numerosas muertes por COVID-19 se registraron como «neumonía atípica». La UNAN despidió al Consejo de Dirección del Centro de Investigaciones de Estudios de la Salud (CIES), incluido su director Miguel Ángel Orozco, por criticar el manejo sanitario. Médicos documentaron entierros clandestinos a altas horas de la noche, ataúdes sellados, prohibición de velorios, amenazas y coacción a personal sanitario. El 8 de mayo un grupo de médicos de Managua renunció públicamente porque el gobierno les impedía tomar precauciones. El 30 de mayo, la Unidad Médica Nicaragüense denunció al menos 20 casos entre especialistas no contabilizados.


Ante esa opacidad, un grupo multidisciplinario creó en abril de 2020 el Observatorio Ciudadano COVID-19. Recogía datos por departamentos desde el 14 de marzo, incluyendo casos sospechosos y muertes registradas como neumonía. El Observatorio llegó a reportar 32.650 casos sospechosos y, hasta julio de 2022, 6.066 muertes por neumonía y complicaciones derivadas del coronavirus. El gobierno nunca reconoció esas cifras. A mediados de agosto de 2020, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro calificó la realidad nacional de «dramática». Setecientos setenta y seis profesionales de la salud advirtieron que el sistema público estaba «en vías de saturación, con una alta probabilidad de colapsar». El epidemiólogo Rafael Amador, exfuncionario de la OPS, declaró en mayo de 2020 que el país ya estaba en fase 4 de infección comunitaria.


La respuesta estatal incluyó la recepción de médicos y suministros de Cuba y Venezuela, anunciada el 17 de marzo de 2020. Se promovió activamente el turismo y la Semana Santa desde mediados de marzo. Se organizaron más de 4.500 actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas los fines de semana, incluidas fiestas patronales organizadas por alcaldías en contra de la decisión de la Iglesia Católica de posponerlas. La ejecución presupuestaria fue lenta: de 5.014,7 millones de córdobas destinados a la pandemia, solo el 20,5% se había ejecutado en septiembre de 2021, con avances mínimos en los compromisos de transparencia acordados con organismos multilaterales. La OPS afirmó a dos años de la pandemia que el hermetismo oficial no había permitido una «valoración exhaustiva» del manejo de la crisis.

“Nicaragua reportó un único fallecido semanal durante 17 meses consecutivos: el investigador Ariel Karlinsky calificó esos datos como «una falsificación».”

Dato clave
covid 19 nicaragua, Terminal de buses en Managua con aglomeraciones, sin restricciones durante la pandemia
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Terminal de buses en Managua con aglomeraciones, sin restricciones durante la pandemia

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Cuando el virus llegó, Nicaragua decidió mirar hacia otro lado

La primera ola se extendió entre mayo y julio de 2020. Las muertes se dispararon en mayo y junio sin que existiera una alerta nacional. El MINSA reportó 112 fallecidos en esos tres meses, lo que representaba la mitad de todos los muertos oficiales acumulados en dos años completos. Los estudios de sobremortalidad elevaron los decesos reales por encima de los 6.000. El gobierno ordenó suspender la publicación de cifras de mortalidad en los boletines epidemiológicos. La neumonía se convirtió en una de las principales causas de muerte: 2.844 fallecidos en 2020 y 2.330 en 2021 según el mapa nacional de salud.


La segunda ola, entre agosto y octubre de 2021, fue más dura que la primera. Varios hospitales rebasaron su capacidad. El Hospital Alemán Nicaragüense pasó a dedicarse exclusivamente a pacientes COVID con 500 camas. La población se desbordó buscando tanques de oxígeno. Según médicos, muchos pacientes murieron esperando turno para un ventilador. El MINSA, que desde mayo de 2021 contaba con equipos para secuenciar variantes, no alertó sobre la circulación de la variante delta. Solo informó a la OPS sobre alfa, beta, gamma y delta el 16 de noviembre, cuando la ola ya había pasado. La presencia de ómicron la confirmó la OPS, no el ministerio.


La vacunación llegó tarde, muy tarde. Durante los primeros diez meses de 2021, Nicaragua fue la segunda nación de América con menos personas vacunadas. Más de cien mil nicaragüenses cruzaron fronteras hacia países vecinos buscando dosis. Cientos hacían fila desde el día anterior frente a los hospitales. En el último trimestre de 2021 el país recibió más de nueve millones de dosis entre donaciones y compras, y el MINSA llegó a vacunar cerca del 60% de la población. La Costa Caribe, la región más pobre del país, registró los porcentajes más bajos. En 2023, el 95% de la población mayor de dos años reportaba esquema completo de vacunación.


La persecución a profesionales de la salud fue sistemática y cruel. En el primer año, el MINSA canceló los contratos de 31 sanitarios que habían firmado cartas pidiendo equipo de protección, muchos sin cobrar sus prestaciones. En 2021 citó a más de una docena de médicos amenazándolos con quitarles la licencia y recordándoles la Ley de Ciberdelitos, la llamada «Ley Mordaza». El gobierno acusó a médicos y periodistas de «terrorismo pandémico». Se canceló la personería jurídica de al menos 15 organizaciones médicas con trayectorias de entre 7 y 40 años. Numerosos profesionales terminaron en el exilio.


Las cifras oficiales, desde el inicio, fueron cuestionadas. A marzo de 2022, los registros marcaban 18.688 contagiados, 13.855 recuperados y 228 fallecidos: las cifras más bajas y más cuestionadas de toda la región. Nicaragua llegó a reportar un único fallecido semanal durante 17 meses consecutivos, algo estadísticamente improbable. El investigador israelí Ariel Karlinsky calificó los datos de defunciones como «una falsificación». Los estudios de sobremortalidad de Confidencial estimaron más de 14.800 muertes atribuibles en los primeros 21 meses (20.264 sumando once comorbilidades). El IHME de la Universidad de Washington calculó un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos entre 2020 y 2021.


En mayo de 2023, el MINSA acumulaba 20.823 casos confirmados, 245 muertes y 15.471 recuperados desde marzo de 2020, con 15.729 personas atendidas. La OPS mantuvo en 2025 cooperación técnica en regulación sanitaria, expediente clínico electrónico del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, metodología INGRID-H de riesgo hospitalario y adquisición de vacunas vía Fondos Rotatorios.


El impacto económico fue devastador. Médicos independientes señalaron más de 5.000 víctimas directas y más de 30.000 familias con su economía golpeada. Por cada paciente enfermo la familia llegaba a gastar desde 400 dólares, y si requería oxígeno el presupuesto se triplicaba. El precio de mascarillas y tanques de oxígeno se disparó. La pandemia se sumó a la crisis política de 2018, que ya había costado unos 200.000 empleos según los informes más conservadores, y hasta 347.000 despidos entre abril y julio de 2018 según Funides. Casos como el de una familia capitalina que pidió 1.500 dólares prestados para comprar oxígeno y perdió la camioneta con la que se ganaba la vida ilustran la ruina de miles de hogares. Del total de fallecidos atribuidos al virus por el Observatorio, 1.685 (28%) fueron mujeres, y al menos seis embarazadas murieron a causa del COVID-19.


El virus no ha desaparecido. El 27 de octubre de 2026 el MINSA confirmó siete contagios entre el 20 y el 27 de octubre, sin precisar departamentos, número de pruebas, hospitalizaciones ni variantes circulantes, y afirmó que no hubo fallecidos esa semana. El acumulado oficial llegó a 17.453 personas atendidas y 17.201 recuperados. El informe no desglosa casos activos ni permite evaluar la transmisión real. El principal vacío sigue siendo la ausencia de indicadores epidemiológicos básicos. Entre los pacientes con seguimiento el ministerio menciona hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, tuberculosis y enfermedades respiratorias crónicas.


IndicadorCifra oficial MINSAObservatorio / Estudios independientes
Muertes (mar 2020 - jul 2022)228 - 2456.066 - 14.800 - 33.400
Casos sospechosos (Observatorio)No publicado32.650
Neumonía 2020Clasificada como neumonía atípica2.844 fallecidos
Neumonía 2021Clasificada como neumonía atípica2.330 fallecidos
Organizaciones médicas canceladasNo divulgado15 organizaciones (7-40 años de trayectoria)
Contratos médicos cancelados (año 1)No divulgado31 sanitarios

Conclusión:

¿covid 19 nicaragua?

No me saco de la cabeza que lo más doloroso de la experiencia nicaragüense no fue solo la mortalidad real, que fue varias veces superior a cualquier cifra oficial, sino la decisión deliberada de un gobierno de ocultarla. Nicaragua no fue un país que «se preparó mal», fue un país que eligió no prepararse, y luego castigó a quienes señalaron el desastre. La comparación sueca que Ortega se atrevió a hacer en el Libro blanco de mayo de 2020 es hoy un recordatorio amargo de la distancia entre la retórica oficial y la vida de quienes enterraron a sus familiares en la madrugada, con ataúdes sellados, sin velorio. Es complicado dar una sola respuesta sobre qué tipo de daño dejó esta etapa, porque el impacto sanitario, económico, laboral y psicológico se superpuso con una crisis política previa que ya venía erosionando al país. Tienes que pensar en varias opciones válidas: la salud pública, la libertad de expresión, la persecución profesional, la economía familiar destruida. La pregunta que queda abierta es cómo un país reconstruye la confianza cuando las cifras nunca fueron reales y quienes las revelaron terminaron exiliados o sin licencia.

Redacción: Redacción Nexuscurioso · Actualizado en: 10/11/2026
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