COVID-19 en Nicaragua: crónica de una crisis silenciada
La primera señal del SARS-CoV-2 en territorio nicaragüense apareció el 18 de marzo de 2020. La vicepresidenta Rosario Murillo confirmó un caso: un hombre de 40 años, nicaragüense, que había regresado desde Panamá tres días antes. Según publicó el medio Confidencial, se trataba de un militar. Lo que vino después fue una espiral de silencio, negación y represión que duró años.
El segundo caso se registró apenas dos días más tarde, un viajero que venía de Colombia. El 26 de marzo llegó la primera muerte oficial, la de ese mismo paciente colombiano. A partir de ahí, el país entró en una dinámica que nadie esperaba y que el gobierno se empeñó en no reconocer. El 22 de abril se supo que el décimo infectado era un médico del hospital Bertha Calderón de Managua, contagiado atendiendo pacientes dentro del propio sistema público de salud. Un día después, un trabajador del Aeropuerto Internacional de Managua falleció.
Desde el primer día, el gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta optaron por una estrategia que resultó devastadora: ninguna cuarentena, ninguna frontera cerrada, ninguna clase suspendida, ningún evento cancelado. A finales de abril de 2020, Nicaragua formaba parte de un grupo reducido de cuatro países en el mundo que seguían con clases presenciales. El contraste con el resto de la región era brutal.
Y no se limitaron a no actuar. El 14 de marzo, cuatro días antes del primer caso, organizaron la marcha «Amor en los tiempos del COVID-19», también conocida como «Caminamos con la Fuerza de la Fe y la Esperanza». Médicos y personal de salud participaron en una aglomeración masiva en plena declaración de pandemia por la OMS. La exministra sandinista Dora María Téllez y el obispo Silvio José Báez alzaron la voz denunciando la irresponsabilidad. En mayo, cinco exministros de salud —Margarita Gurdián, Martha Derling, Lombardo Martínez, Dora María Téllez y Lea Guido— escribieron a la OMS y a la OPS alertando sobre «la carencia de acciones» y «el inminente agravamiento». Carissa Etienne, directora de la OPS, compartió esa preocupación abiertamente. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, calificó la actuación gubernamental como «temeraria».
Ortega desapareció de la vida pública durante 34 días. Reapareció el 15 de abril en cadena nacional con una frase que quedó grabada: «Si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue». El 30 de abril fue más lejos, llamando «medidas extremas» y «radicales» al confinamiento y la cancelación de vuelos. Afirmó que «el quédate en casa destruye el país» y acusó a quienes pedían cuarentena de ser «los mismos que quisieron hundir el país en 2018». El 25 de mayo presentó el «Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de COVID-19: una estrategia singular», un documento que afirmaba que todo estaba bajo control, que los «entierros express» denunciados eran falsos y que las cifras del Observatorio Ciudadano no se sostenían. Ortega llegó a comparar el modelo nicaragüense con el de Suecia.
El secretismo se instaló como norma. El MINSA pasó de informes diarios a semanales desde el 5 de mayo. Se popularizaron expresiones ambiguas como «delicados pero estables». Nunca se publicó la cifra exacta de pruebas realizadas. Numerosas muertes por COVID-19 se registraron como «neumonía atípica». La UNAN despidió al Consejo de Dirección del Centro de Investigaciones de Estudios de la Salud (CIES), incluido su director Miguel Ángel Orozco, por criticar el manejo sanitario. Médicos documentaron entierros clandestinos a altas horas de la noche, ataúdes sellados, prohibición de velorios, amenazas y coacción a personal sanitario. El 8 de mayo un grupo de médicos de Managua renunció públicamente porque el gobierno les impedía tomar precauciones. El 30 de mayo, la Unidad Médica Nicaragüense denunció al menos 20 casos entre especialistas no contabilizados.
Ante esa opacidad, un grupo multidisciplinario creó en abril de 2020 el Observatorio Ciudadano COVID-19. Recogía datos por departamentos desde el 14 de marzo, incluyendo casos sospechosos y muertes registradas como neumonía. El Observatorio llegó a reportar 32.650 casos sospechosos y, hasta julio de 2022, 6.066 muertes por neumonía y complicaciones derivadas del coronavirus. El gobierno nunca reconoció esas cifras. A mediados de agosto de 2020, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro calificó la realidad nacional de «dramática». Setecientos setenta y seis profesionales de la salud advirtieron que el sistema público estaba «en vías de saturación, con una alta probabilidad de colapsar». El epidemiólogo Rafael Amador, exfuncionario de la OPS, declaró en mayo de 2020 que el país ya estaba en fase 4 de infección comunitaria.
La respuesta estatal incluyó la recepción de médicos y suministros de Cuba y Venezuela, anunciada el 17 de marzo de 2020. Se promovió activamente el turismo y la Semana Santa desde mediados de marzo. Se organizaron más de 4.500 actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas los fines de semana, incluidas fiestas patronales organizadas por alcaldías en contra de la decisión de la Iglesia Católica de posponerlas. La ejecución presupuestaria fue lenta: de 5.014,7 millones de córdobas destinados a la pandemia, solo el 20,5% se había ejecutado en septiembre de 2021, con avances mínimos en los compromisos de transparencia acordados con organismos multilaterales. La OPS afirmó a dos años de la pandemia que el hermetismo oficial no había permitido una «valoración exhaustiva» del manejo de la crisis.
“Nicaragua reportó un único fallecido semanal durante 17 meses consecutivos: el investigador Ariel Karlinsky calificó esos datos como «una falsificación».”
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